Pónganse de acuerdo

por decirlo llanamente, el asunto de las tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad es un cachondeo. Y a esta conclusión no llego después de ningún análisis periodístico, sino simplemente como usuario.

El Gobierno central aprobó en diciembre un decreto para regular las condiciones para la concesión de las tarjetas y otros aspectos relativos al funcionamiento de estos aparcamientos especiales. Bien, pues en apenas unos días dos ayuntamientos navarros, Pamplona y Olite, han legislado en sentido contrario. El de Pamplona, que dice adecuarse al decreto estatal, quita las matrículas de las tarjetas para permitir que puedan usar los aparcamientos las personas con discapacidad que van como ocupantes en cualquier vehículo. Parece justo, aunque algunos intuyen problemas a la hora de aplicar una normativa que deja tan amplio margen para la picaresca. Pero en Olite han hecho justo lo contrario: obligar a poner las matrículas en las tarjetas para que no haya un uso fraudulento. Solo son dos ejemplos que han coincidido en el tiempo y que vienen a corroborar que cada ayuntamiento hace en este tema lo que le parece, empezando por los propios requisitos que se piden. Parece que, al menos eso, debería ser igual en todas partes pero, como se ha visto, las ordenanzas municipales son no ya diferentes, sino incluso contradictorias.

Hay ciudades, por mi experiencia la mayoría, en las que no hay que pagar por aparcar en estos reservados, pero en otras sí, sin ir más lejos en Donostia. En algunas, Pamplona entre ellas, se permite el aparcamiento gratuito con la tarjeta incluso en las zonas reguladas, pero si uno va con esa intención a Bilbao, le caerá una buena multa. Por no hablar de las que tienen límites horarios o plazas personalizadas, que aquí, en Pamplona, no se permiten. Un galimatías. Es verdad que los ayuntamientos tienen sus competencias en materia de tráfico, pero estaría bien una normativa si no única, al menos parecida.