Sigue la bronca con la paga extra

El debate sobre la paga extra de los funcionarios tiene un punto de demagógico que en ocasiones raya con lo esquizofrénico. Es verdad que en el meollo de la cuestión residen los trabajadores que cuidan nuestra salud, atienden la educación de una generación tras otra, solucionan las emergencias de la ciudadanía y, entre el largo etcétera de sus atribuciones, quizá la más trascendental es que constituyen el garante de que la Administración funciona con independencia de quién nos gobierne. La importancia, por lo tanto, de estos empleados está fuera de toda duda.

Sin embargo, en la bronca generada por el retraso que va a sufrir la devolución de esta paga hay quienes pierden la perspectiva.

De entrada, conviene no olvidar que fue Montoro quien birló la extra de diciembre de 2012, decisión que el Gobierno de Barcina aplaudió con las orejas hasta el punto de utilizar la treta de retrasar la publicación en el BON de la ley que le aprobó la oposición para no hacer efectivo su pago.

Después, llegó la atinada decisión de anticipar las sucesivas extras, por lo que a fecha de hoy los funcionarios no solo han ingresado el importe relativo a todas estas pagas, sino que llevan por adelantado el 24% que se les abonó la pasada primavera.

Sorprende, en consecuencia, la beligerancia con la que los sindicatos atizan con este asunto al actual Gobierno foral, que simplemente gestiona como puede otro de los muchos marrones heredados y que ha anunciado una subida del 1% para los empleados públicos a partir de enero.

Aseguran algunos delegados sindicales que los funcionarios están maltratados y que sufren una congelación salarial desde 2010, lo que una verdad a medias, porque estos empleados gozan de una subida anual que ronda el 2% por los conceptos de grado y antigüedad. Y conozco a muchísimos funcionarios que están en desacuerdo con la valoración que hacen de esta realidad sus propios representantes sindicales. Por algo será.