la decisión del Gobierno foral de pagar al Estado 93 millones menos de lo que le exige ha situado la necesidad de negociar el Convenio Económico en el epicentro de la relación de Navarra con el Estado. No ha sido, en absoluto, un escenario buscado por el Ejecutivo del cambio. Más bien se trata de una forma de urgir al Ministerio de Hacienda a que se siente de una vez a revisar el Convenio, después de que la vigencia de la última actualización expirara en diciembre de 2014. Es por lo tanto otra tarea que UPN dejó sin hacer y que este Gobierno ha tratado de afrontar desde su acceso al Palacio en julio de 2015, sin que haya encontrado la mínima receptividad en el otro interlocutor.

La reacción del Ministerio de Hacienda al puñetazo dado encima de la mesa tiene su miga. Acusa al Gobierno foral de “romper unilateralmente” el Convenio obviando que, en un acuerdo de igual a igual entre dos partes, tan unilateral es su postura de no atender los continuos requerimientos que le ha trasladado Navarra para ponerse al día como el hecho de que el consejero de Hacienda exprese de esta forma su disconformidad con la aportación económica exigida. Ya sabemos que el Estado tiene la sartén por el mango, porque para cobrarse esos 93 millones solo debe esperar a quedárselos en las devoluciones que periódicamente hace a Navarra. Pero esa sería la forma de enconar más la situación, después de que la Hacienda Foral le remitiera en octubre un minucioso informe que concluye que la aportación de la Comunidad Foral a Madrid debería estar entre 340 y 490 millones, muy lejos de los 613 que estima el Estado.

Se equivoca UPN poniéndose de parte del Ministerio. En las últimas décadas todos los sondeos coinciden en que la inmensa mayoría de la sociedad navarra no está dispuesta a dar un paso atrás en nuestro autogobierno. Y lo que ahora está en juego no es otra cosa que analizar si es conveniente seguir con este Convenio o nos conviene negociar otro. Así de sencillo... o de complicado.