Tras varias décadas de olvido institucional, Navarra celebra este mediodía un reparador acto con las víctimas que han sufrido este premeditado abandono. No se trata de un homenaje en el sentido literal del término, porque lo impide el Tribunal Constitucional, que sólo salvó de la recurrida ley foral poco más que este genérico reconocimiento a los damnificados por la violencia atribuible a excesos de la Policía y a grupos de extrema derecha. Pese a ello, ha de servir para reconfortar a las familias de José Luis Cano, Germán Rodríguez, Gladys del Estal, Mikel Arregi y Mikel Zabalza, entre otros, así como a los miles de ciudadanos que padecieron la represión que emplearon las denominadas fuerzas del orden para tratar de sofocar las protestas provocadas por sus propios excesos.
Seguramente, a todos los seres queridos de estas víctimas les hubiera gustado que esta jornada concitara el unánime respaldo político. Pero no va a ser así. Ni UPN, que se descuelga ahora después de apoyar la moción que insta al Gobierno foral a organizar este acto, ni el PPN van a participar. Ellos sabrán por qué se autoexcluyen de un acto que va a apelar a la memoria de ciudadanos navarros a quienes les quitaron la vida sin motivo ni justificación algunos. Y cuesta creer que esta clamorosa ausencia sea compartida por buena parte de su electorado. Pero UPN y PPN, que deberían reconocer su responsabilidad por el retraso con el que llega este acto, buscan excusas de mal pagador para no asistir. Especialmente beligerante se ha mostrado la portavoz de los populares, Ana Beltrán, que se queja de que haya “víctimas de primera y de segunda”. Quizá en esto último sea en lo único que tiene razón. ¡Claro que no son han sido todas tratadas por igual! Sobre todo por su partido, que reconforta a unas mientras ignora a las otras en un irresponsable ejercicio que no contribuye a mejorar la convivencia. Ya se sabe que las penas con pan son menos penas y, de momento, sigue sin haber pan para todas.
