hace justo un año, la Hacienda Foral decidió elaborar un pormenorizado estudio que analizaba los pagos que Navarra hace al Estado en virtud de los servicios que recibe por las competencias que no tiene transferidas y por las cargas económicas que debe asumir para financiar estructuras como la Casa Real y las Cortes Generales, entre otras. Dicho informe, puramente técnico y sin contenido político, concluía que la Comunidad Foral venía apoquinando a la Administración central al menos 130 millones más al año de lo que le corresponde. Todo un pastizal para Navarra, cuya capacidad de gasto no alcanza los 4.000 millones. Convencido de que este informe difícilmente lo iba a desmontar el Ministerio de Hacienda, de que eran ya dos años seguidos en los que a Navarra se le exigía desde Madrid una aportación muy superior a la debida y de que la demora en la negociación para ordenar estas cuentas era responsabilidad absoluta del Ejecutivo de Rajoy, el Gobierno foral optó a finales de diciembre por pagar al Estado 83 millones menos de lo que le pedía. Aquella decisión en defensa de los intereses generales de los navarros y navarras provocó que UPN y PPN pusieran el grito en el cielo e incurrieran en alguna falsedad. El presidente regionalista, Javier Esparza, consideró lo sucedido una “irresponsabilidad” y acusó al Gobierno foral de “utilizar el Convenio como arma arrojadiza contra España”. No le fue a la zaga su homónima pepera, Ana Beltrán, que aseveró que Navarra “presupuesta de menos para luego decir que España nos roba”. Un año después de aquel concienzudo estudio -que UPN-PPN jamás encargaron durante casi dos décadas en el poder mientras decían sí bwana a las exigencias del Ministerio- todo indica que la Hacienda Foral tenía y tiene razón. Ahora, Esparza y Beltrán, que tratan de agitar a diario la vida política por cuestiones menores, guardan un silencio atronador. Y que nadie se extrañe si después incluso intentan apuntarse el tanto.
