no cabe un Estado de Derecho sin el imperio de la ley como garantía de protección de la ciudadanía más frágil, al igual que no hay seguridad jurídica sin independencia judicial. Una autonomía de la magistratura sujeta a una interpretación de la normativa que por conculcar el sentido común no parezca estimulada por la esfera política -entendida más en concreto como la gubernamental-, sepultando la división de poderes. Esa sensación de entrometimiento en las altas órbitas jurisdiccionales, agravada por el uso arbitrario de la Fiscalía, se ha consolidado en amplias capas del entramado social con el PP en la Moncloa. En particular con la subrogación en los tribunales del conflicto catalán por insolvencia e irresponsabilidad políticas, en una causa que además se sustenta en un relato de violencia en las calles que en absoluto se compadece con la realidad pero sin el que no se sostiene la rebelión que soporta las prisiones provisionales a discreción y las euroórdenes de arresto a conveniencia. La idea de que en España gobiernan las togas por delegación de Rajoy, que como penitencia se ve ahora privado del control de los tiempos en su acción ejecutiva hasta en materia presupuestaria, aún ganará en reciedumbre con el aval del Tribunal Constitucional a la Ley Wert. Una norma que, en aparente contradicción con el artículo 14 de la Carta Magna que consagra la igualdad ciudadana, faculta que la educación diferenciada por sexo reciba ayudas públicas, así como la segregación de los estudiantes en itinerarios académicos en función de sus capacidades, con el aditamento de que en el marco de un Estado aconfesional apuntala la asignatura de religión e impone una alternativa obligatoria y evaluable. Semejante desafío a la lógica bien podría extenderse a otro eventual fallo del Constitucional en refrendo de la prisión permanente revisable que enarbola la derecha, pese al artículo 25.2 del código supremo español que decreta la orientación en favor de la reeducación y la reinserción social de las penas de cárcel, en línea con la restrictiva lectura jurídica de la libertad de expresión de acuerdo con la concepción punitiva más retrógrada que ampara la Ley Mordaza. Demasiadas ocasiones ya en las que ciertos tribunales llegan donde no le alcanza al PP como para disuadir a quienes no creen en las casualidades y tienen sólidamente interiorizado que, en última instancia, habitan en un Estado judicial. Conservador, naturalmente.
