el anuncio por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de que el Consejo de Ministros aprobará hoy los Presupuestos Generales del Estado para 2019 pone en marcha un proceso para el que, sin embargo, sigue sin realizar los movimientos precisos que le puedan proporcionar apoyo suficiente. Siendo cierto que desde la fecha de presentación de las cuentas y su traslado al Congreso hasta la aprobación o rechazo de las enmiendas a la totalidad transcurrirá casi un mes y se votarían en los últimos días de enero o ya iniciado febrero -el art. 133 del reglamento de la Cámara otorga “preferencia” a la ley presupuestaria, pero aplicando “el procedimiento legislativo común”-, no lo es menos que Sánchez precisa de un respaldo mayor que el que le concede el acuerdo suscrito con Podemos en octubre; que todavía hoy, tres meses después, no ha recabado más apoyos; y que la posibilidad de lograrlos sigue donde estaba, en aquellos grupos parlamentarios que respaldaron la moción de censura que le permitió llegar al gobierno. Por mucho que Sánchez pretenda abrir el abanico diciendo que también contará con PP y Cs para un consenso presupuestario, el presidente español es más que consciente de que tras las elecciones andaluzas ambas formaciones únicamente desean el adelanto electoral al que obligaría un rechazo de las Cuentas. Sin embargo, no ha realizado los avances y gestos que tanto el PNV como los catalanes del PDeCAT y ERC le vienen exigiendo tal y como han recalcado esta semana esas formaciones. También desde el Gobierno de Vitoria, instándole a pasar de las palabras a los hechos, y desde la Generalitat, que le recordó la necesidad de “una solución política”. De Navarra sólo se sabe el adelanto hecho ayer en Iruña por el ministro Ábalos de que sería la comunidad donde más crecería la inversión de Fomento, supuesto nada difícil teniendo en cuenta de que se parte de cifras ridículas. En esa tesitura, y si Sánchez sigue aferrado a que la teoría del mal menor ante el temor de vascos y catalanes a un adelanto electoral que pudiera repetir en el Estado los resultados de las andaluzas, el presidente español debería considerar que la superación del trámite de las enmiendas a la totalidad evitaría de momento esa circunstancia pero no encauza el desarrollo de las políticas a que se ha comprometido. Y que eso finalmente sí le abocará a no concluir la Legislatura y a unas elecciones a las que el PSOE se presentaría, como en Andalucía, sin resultados reales que ofrecer a la sociedad.