La mayoría política del cambio en Navarra refrendó ayer in extremis la reforma del Mapa Local, una asignatura pendiente de los últimos 30 años y que ningún gobierno anterior había querido o podido afrontar. Tres años de trabajo con un proceso participativo de arriba a abajo sin precedentes que pretende racionalizar un complejo mapa administrativo local que, en Navarra, lo conforman 272 ayuntamientos, 348 concejos y 70 mancomunidades. Un plan que garantiza la financiación estable de las entidades locales, la mejora de los servicios públicos a través de doce nuevas comarcas (con competencias en agua en alta, tratamiento de basuras, servicios sociales y servicios administrativos, y ordenación del territorio) y que supone un claro avance en el desequilibrio territorial actual y en la polaridad que existe de dos realidades: la urbana y la rural. Ésta última agravada por el problema de la despoblación, sangrante en zonas como el Pirineo, Sangüesa, Tafalla y Estella. Un modelo que, además de simplificar la situación en la que se encuentran ayuntamientos que pertenecen a diferentes entes supramunicipales, permite acercar a los núcleos más pequeños prestaciones básicas y posibilitará que cada una de las comarcas decidan su propio modelo de desarrollo económico, además de reforzar su identidad y capacidad de interlocución con el Gobierno. Mayor cohesión social y equilibrio territorial, por tanto. Uno de los bulos que han circulado entre la oposición, lanzado principalmente por UPN, es que la reforma no es buena para ayuntamientos y mancomunidades porque representa un ERE laboral encubierto. Falso. Lo que ocurre es que UPN no sólo no fue capaz de poner orden al mapa local, sino que asfixió durante muchos años a las entidades locales con una política de centralización administrativa mientras dejaba el reparto de la tarta foral y las subvenciones a obras al albur del Gobierno de turno para tratar de asegurar el control del clientelismo municipal según sus intereses partidistas. Una estrategia presupuestaria y electoral de la que, guste ahora más o menos, también participó activamente el PSN. La realidad es que la reforma mantiene ayuntamientos y concejos, garantiza la subrogación de los trabajadores y sienta las bases de un nuevo sistema de financiación de las entidades locales sustentado en un porcentaje estable de participación en los impuestos. Un claro avance para una administración moderna y que da voz a los pueblos a través de un nuevo estamento de competencia y autonomía municipal: la Comarca.
