El debate público abierto esta semana en torno a la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EvAU), más conocida como Selectividad, en relación a sus grados de dificultad y nivel de homogeneidad es recurrente en su oportunismo, que le hace coincidir anualmente con la realización del examen, en esta ocasión completado por cerca de 300.000 estudiantes en todo el Estado, 3.285 en Navarra y 11.493 en la CAV, las quejas, habituales y no siempre fundadas, respecto a la exigencia de la prueba en alguna materia, este año Matemáticas. Y es por tanto oportunista la reacción al mismo por parte de algunos partidos políticos, concretamente PP y Ciudadanos, que no se lo han pensado dos veces y han presentado una proposición no de ley cuya única virtualidad es, en el fondo, la de arrogarse la representación de dichas quejas mediante el traslado del debate al Congreso, especialmente si el gobierno, actualmente en funciones, ya ha anunciado la creación de un grupo técnico de trabajo para analizar las posibles incidencias en las distintas pruebas. Sin embargo, en el cuestionamiento por PP y Ciudadanos del actual formato de la EvAU, que también ha sido verbalizado por representantes de algunos gobiernos de Comunidades Autónomas todavía gobernadas por el PP, entre ellos el presidente gallego Alberto Núñez Feijoó, subyace en realidad la nunca disimulada pretensión de la derecha española de configurar un sistema educativo uniforme -que en ningún modo se contempla en el art. 27 de la Constitución- mediante la instauración de un currículo único y general obviando la diversidad cultural y lingüística. Ha sido tan notorio el oportunismo y la utilización ideológica del debate con el único interés de recentralizar la educación que quienes denuncian presuntas diferencias significativas entre comunidades no pueden apoyarse con objetividad y rigor en un análisis de la realidad de los variables resultados de la Selectividad ni integran en su propuesta las diferencias, estas sí evidentes y en casos discriminatorias, en la posibilidad de acceder a uno u otro grado en virtud de la universidad, de la comunidad en que se asienta y de los efectos de la demanda de plazas en las notas de acceso.