superados los efluvios por la conformación del nuevo Ejecutivo foral, vilipendiado como el anterior por una derecha echada al monte, llega la hora de la gestión gubernamental en pro del interés general. Un bien común que se procura con la financiación de las políticas mediante los Presupuestos públicos, que para el año venidero ya tienen su marco: un techo de gasto de 4.228 millones, 212 más que este ejercicio, para un incremento del 5,3% basado en una previsión de crecimiento económico del 2,2%. Tratándose de una estimación congruente, en línea con los augurios de entes ajenos a la Diputación, hay que colegir que se halla determinada por un contexto de contracción económica mundial, agudizada por la guerra comercial de EEUU y China, además de por el brexit. Constatada la coyuntura adversa, el Gabinete de Chivite afronta el reto inicial de acometer una distribución de fondos coherente con el acuerdo programático y que a la vez acomode las aspiraciones de los tres partidos que lo conforman. Desde la premisa de que el nuevo equipo de Hacienda se ha encontrado unas cuentas públicas saneadas, como lo acredita que Navarra cerrase 2018 con un superávit de 116 millones y con la primera aminoración de la deuda en diez años, un colchón mermado ahora por la decisión de acometer de forma inminente y en un solo pago el reembolso del grado a los interinos, 75 millones que representan casi la mitad del remanente de tesorería existente. La dificultad estrictamente numérica radica en que, en un entorno de enfriamiento económico y de restricción del margen de maniobra financiero, el Ejecutivo ya ha anunciado inversiones de fuste para mejorar carreteras, reducir las listas de espera o mejorar la integración en la escuela, a lo que agregar el compromiso de la presidenta Chivite de devolver el IRPF de la maternidad, otros 45 millones más. Y todo ello haciéndolo compatible además con una rebaja fiscal a las rentas medias y bajas. El Gobierno afronta así su particular cuadratura del círculo, más compleja todavía por su minoría parlamentaria, que debe mutar en mayoría presupuestaria para que el proyecto prospere. La incertidumbre resulta máxima sobre el devenir de las negociaciones, pues la intención expresada por la consejera Elma Saiz de suprimir la tributación de los bienes empresariales en el Impuesto de Patrimonio aleja, además de a Podemos, a I-E y EH Bildu, soportes imprescindibles de unos Presupuestos progresistas. Comienza la cuenta atrás.