a pretensión de Pedro Sánchez de mantener las conferencias con los presidentes autonómicos -ahora videoconferencias- más allá del estado de alarma que él mismo prevé superado en varias comunidades autónomas en pocos días, junto con la intención verbalizada el domingo de dar a estas citas una periodicidad mensual, vuelve a cuestionar el compromiso del presidente del Ejecutivo español con los principios constitucionales del Estado autonómico pactados en 1978 y la especificidad del autogobierno. Es notorio, como han hecho notar diversos presidentes regionales de distinto signo político, que la virtualidad de dichas reuniones, ya en duda desde un primer momento, se ha hecho más y más controvertida según se han ido superando los efectos y consecuencias de la pandemia, de modo evidente desde el momento en que la homogeneidad de actuación pretendida por Sánchez se diluye en la diferente situación y fase en que se hallan las distintas comunidades con sus diversas competencias. Así pues, la intención de que las mismas perduren estableciendo una periodicidad a la reunión podría entenderse como el propósito de consolidar un tipo de relación entre el gobierno del Estado y los gobiernos autonómicos que ahormara en un nuevo café para todos la distinta naturaleza y consideración del vínculo que establecen la Constitución y los estatutos para comunidades históricas. Más claramente, integrar la relación de esos territorios singulares con el Estado en una reunión de presidentes autonómicos no solo se antoja innecesario, sino que desdice el compromiso de profundizar en la bilateralidad con que Sánchez logró apoyos para acceder a la presidencia del gobierno, así como dificultará la cogobernanza a que también se ha comprometido en el Congreso para sacar adelante la aprobación de los sucesivos decretos de estado de alarma. Las suspicacias crecen geométricamente cuando el PSOE ha demostrado un interés inusitado por incluir a Ciudadanos, dando alas a esta sigla de férrea impronta recentralizadora, en la ecuación de la mayoría que procura la extensión de medidas extraordinarias en este contexto excepcional. Una apuesta que casa fatal con los acuerdos para la investidura de Sánchez y más en concreto con la dinámica de pacto con el PNV, imprescindible para la sostenibilidad del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos.