Editorial

El espejo de Nissan

29.05.2020 | 00:25

La marca nipona cierra la estructura en Barcelona que dejó languidecer para centrarse en el mercado asiático por una cuestión de costes. Las instituciones y el resto de fábricas del Estado, Landaben incluida, deberían tomar buena nota

las multinacionales no tienen corazón, es decir, escrúpulos. Una evidencia que el presidente Sánchez pareció olvidar el pasado 22 de enero, cuando en la Cumbre de Davos garantizó el mantenimiento del empleo en Nissan Barcelona. Cuatro meses después, la empresa ha confirmado la deslocalización que ya habían adelantado medios japoneses de toda solvencia y a los que la plantilla dio total verosimilitud. La resultante es que 15.000 trabajadores en total pierden su sustento y además con limitadas posibilidades de reintegrarse en el mercado laboral en buena parte de los casos. Un drama al que las instituciones estatales y catalanas deben hacer frente de manera decidida, primero intentando el más difícil todavía de que Nissan reconsidere el cierre. No se antoja demasiado factible, pues la marca ha decidido reducir su capacidad de producción mundial a fecha de 2023 en un 20%, hasta 5,4 millones de unidades, y recortar un 15% los costes en ese periodo, unos 2.600 millones de euros. Después de dejar languidecer su estructura en Barcelona desde 2018, merced a una pérdida de modelos traducida en 100.000 vehículos menos al año y con el corolario de la salida en 2019 de 600 empleados. Si la reversión no ha lugar, ya que la apuesta por el mercado asiático parece inquebrantable, los gobiernos deben procurar un plan industrial alternativo sirviéndose de las instalaciones de Nissan, con la pertinente demanda de que devuelva los 25 millones en ayudas públicas. Al margen de este caso, deben sacarse enseñanzas de orden estructural, para empezar en la quincena de factorías automovilísticas del Estado español, Landaben incluida. En el sentido de que, dado que los centros de decisión ajenos desprecian el factor emocional de la proximidad, la concertación entre la dirección local y la parte social desde la mutua lealtad resulta básica para no dañar la reputación en el seno de los grupos y en sentido contrario erigirse en referentes de competitividad. En lo que atañe a las instituciones, se exige también un mayor control de las subvenciones –a suscribir con obligaciones tasadas– e igualmente una interlocución permanente con las cúpulas de los consorcios anteponiendo la sostenibilidad del empleo a cualesquiera otras consideraciones. Desde la premisa tan dura como insoslayable de que los costes salariales en este mercado laboral regulado sitúan a Europa en desventaja respecto a otros enclaves desfavorecidos donde la fuerza del trabajo es más barata y por tanto maleable.