os peajes en la sombra heredados de UPN han costado al erario público 811 millones y todavía quedan por desembolsar otros 1.865. Es el cálculo que hace Comptos sobre el canon que está pendiente de pagar de la A-12 y la A-21, así como de la zona regable de la primera fase del Canal de Navarra y de su ampliación. Un juego de ingeniería contable perverso por el que las empresas concesionarias de grandes obras asumían los costes de las mismas, su mantenimiento y puesta en servicio, a cambio del pago de un canon anual por parte de la Administración foral que la mantiene altamente hipotecada hasta 2045, fecha en la que finalizará la última concesión. Un sistema de financiación de las carreteras que ha supuesto una transferencia continua de fondos públicos a intereses privados. Una herencia envenenada que seguimos pagando año a año a través de los presupuestos. La cuenta es sencilla, las tres infraestructuras terminarán costando unos 2.676 millones de acuerdo con las estimaciones que maneja Comptos para unas inversiones cuyas obras se cuantificaron en 389 millones en el caso de la Autovía del Camino, 271 millones para la Autovía del Pirineo y 169 millones el ramal de la primera fase del Canal de Navarra, sin contar los otros 147 millones de la ampliación. El sobrecoste de la obra viene a ser de 1.699 frente a los 829 de su estimación por lo que terminaremos pagando con los impuestos navarros, el doble de su valor aunque no imputemos otros gastos. Pedir un préstamo bancario era una fórmula clásica que hubiera resultado menos ruinosa. Al menos desde 2002 cuando se acordó la fórmula para hacer la Autovía del Camino, ni siquiera había estallado la crisis y había dinero en las arcas públicas incluso para comprar acciones de Iberdrola. El caso de la Autovía del Camino, en un momento en el que además la prioridad era la N-121, es paradigmático del derroche. La obra costaba 389 millones y va a salir por 1.019. Teniendo en cuenta los costes de mantenimiento durante 25 años, como mucho, la inversión habría que tasarla entorno a los 500 millones. Las fórmulas para fijar el canon han sido complejas y en los pliegos tenían en cuenta muchas veces gastos intangibles o imprevisibles lo que da una idea del margen que han tenido las empresas. A su vez el capital de muchas de estas concesionarias, participadas en su día por grandes empresas como FCC, ACS o Acciona, ha terminado en manos de capital extranjero lo que evidencia que dichas concesionarias continúan haciendo negocio. Un verdadero despropósito que pone de manifiesto un modelo de gestión que supone una sangría de más de cien millones al año a las arcas forales.