a pandemia del covid-19 parece haber entrado en Navarra en una fase descendente, pausada y lo que es más importante, controlada, según proclamaron ayer en una escena de autocomplacencia el vicepresidente Ramírez y la consejera de Salud, Santos Induráin. Y ello pese a ser un escenario que aún deberá consolidarse en el tiempo. Parece ser, porque si se ajustan los datos a los discursos políticos del Gobierno de Navarra las contradicciones acumulan ya un volumen preocupante, sobre todo a partir de la gestión desde septiembre, de la llamada segunda ola y sobre todo entre diciembre y enero con la que al parecer ha sido la tercera ola. O al menos, un escenario lo suficientemente confuso como para dudar de los tiempos, los intereses y los costes de unas decisiones que cada vez parecen más erráticas. De hecho, ateniéndose a los datos, a la evolución de los ingresos y la presión hospitalaria -UCI incluidas-, a la buena dinámica del proceso de vacunación masiva de la sociedad navarra, según los propios datos oficiales de Osasunbidea, y a las estadísticas médicas de contagios, tasa de positividad, rastreos, etcétera... la medida anunciada ayer podía haberse adoptado el pasado viernes o el pasado lunes sin ningún argumento sanitario diferente. De hecho, cuando se va a cumplir un año desde la irrupción general de la pandemia del coronavirus, ni la sociedad, ni el baile de datos -por muy bien que se vendan a los medios-, ni los costes de una medida u otra sirven ya para ocultar discursos cuando menos equívocos. A estas alturas, el problema ya ni siquiera es el tiempo de las aperturas, cierres, horarios, toques de queda... porque la sociedad está concienciada para asumir -excepto casos muy minoritarios- las restricciones y medidas que se derivan de las necesidades sanitarias, de atención social o de garantías profesionales. Pero hay una evidente incoherencia en la toma de decisiones, en su anuncio y en los tiempos perdidos para los sectores, como la hostelería, la distribución, el comercio u otros, entre una semana u otra. Salud no puede derivar responsabilidad alguna a una sociedad navarra que está cumpliendo muy mayoritariamente las obligaciones ciudadanas, pero esa misma sociedad y más aún los sectores afectados y perjudicados, sí pueden exigir a los responsables políticos los costes económicos humanos o laborales -que al final pagan todos los ciudadanos- de una actuación política en la que al parecer el marketing y la propaganda mandan en la acción del Gobierno.