Editorial

Interinidad y seguridad jurídica

13.11.2021 | 00:58

Navarra espera conocer el contenido del acuerdo para acabar con la temporalidad en las administraciones, que precisa de seguridad jurídica, para convocar la Mesa General con los sindicatos y negociar su aplicación en la Función Pública

La reducción de la temporalidad y la interinidad del personal al servicio de las administraciones públicas, cuyo número ha crecido de manera desmesurada y desordenada en los últimos años, se ha vuelto una necesidad urgente. La actual situación, con más de 600.000 trabajadores interinos en el Estado y alrededor de 15.000 en Navarra, a lo que hay que añadir un importante número de jubilaciones previstas en los próximos años, es de todo punto insostenible. También es una reivindicación histórica de los sindicatos y de los propios colectivos de interinos. Asimismo, la Comisión Europea ha instado de manera reiterada al Estado español a una drástica reducción de la temporalidad del mercado laboral, público y privado, cuestión que Bruselas incluso vincula a la recepción de los fondos europeos. Hay que tener en cuenta, también, que esta alta temporalidad ha generado un problema no solo a las administraciones que deben gestionarlo, sino a los propios trabajadores en situación incierta yListado Secciones también a toda persona que quiera acceder a una plaza pública mediante oposición. La cuestión, sin embargo, no tiene una solución sencilla, porque hay en juego intereses y derechos contrapuestos y cualquier salida tiene que contar con la imprescindible garantía jurídica y, en consecuencia, cumplir con los principios constitucionalmente establecidos de igualdad, mérito y capacidad. El Gobierno de Navarra está a la espera de conocer con exactitud el contenido del acuerdo alcanzado esta misma semana en el Congreso entre PSOE, Unidas Podemos, PNV y ERC para convocar a la Mesa General de la Función Pública y negociar su aplicación con los sindicatos. De partida, la medida para reducir la temporalidad en el empleo público en todo el Estado va en la línea del compromiso político y electoral de los partidos que conforman el Gobierno de Navarra de abordar la eventualidad y dar así la necesaria estabilidad a las plantillas, con especial atención al numeroso colectivo de interinos. Se trata como objetivo regularizar la situación laboral de miles de personas, muchas de las cuales acumulan años de trabajo y experiencia en las diferentes administraciones y organismos públicos de Navarra. La clave se sitúa en el imprescindible blindaje normativo que dote a los cambios de garantía jurídica plena y evite un gran enredo en los tribunales que dé al traste con los objetivos que se plantean generando un problema aún mayor.

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