Editorial

Derechos frente a la brecha digital

14.02.2022 | 00:57

La creciente digitalización y la drástica reducción de la atención personal y de algunos servicios principalmente en la banca llevan a una mayor vulnerabilidad y exclusión de personas mayores

LA creciente digitalización de procesos, actividades y servicios en todos los ámbitos de nuestra sociedad es una evolución imparable. La transformación digital de la economía y las empresas es y debe ser una prioridad y supone una gran oportunidad de desarrollo y generación de riqueza, pero también genera problemas, disfunciones y desequilibrios que afectan fundamentalmente a la población más vulnerable y pueden llegar a lesionar intereses y derechos. La banca, en general, está, en este sentido, en el ojo del huracán. Un informe del Banco de España indica que desde 2008 las entidades financieras han cerrado miles de sucursales en todo el Estado y la presencia de cajeros automáticos en las calles se ha reducido en un 20%. En Navarra hay muchos pueblos sin atención personalizada de banca ni cajero automático y ahora también en algunas zonas urbanas es difícil encontrar uno. Además, la atención personal, en general, se ha reducido drástica y artificialmente en favor del uso –en algunos casos, casi de forma exclusiva– de las nuevas tecnologías y dispositivos con las que muchos ciudadanos no están familiarizados, funcionamiento que se ha generalizado y acrecentado durante la pandemia. Todo ello ha llevado a un aumento cada vez más creciente y más articulado en la sociedad de una demanda de mayor sensibilidad, especialmente con las personas mayores que se sienten ninguneadas, defraudadas y excluidas. Aunque no es un problema exclusivo de la banca –también las instituciones públicas empujan hacia una mayor digitalización con menor atención personal, incluso en el ámbito de la salud–, la campaña Soy mayor, no idiota, iniciada por el médico jubilado valenciano Carlos San Juan de Laorden y dirigida especialmente a las entidades financieras, está teniendo un gran impacto y ha cosechado el apoyo de amplias esferas de la sociedad. La presión social ha obligado a tomar cartas en el asunto al Gobierno español, que ha instado a las patronales del sector a que garanticen servicios presenciales, personalizados y accesibles para todas las personas. La brecha digital, la edad, la pericia en el uso de ciertos dispositivos o el hecho de vivir en una zona rural no pueden suponer una merma de derechos y una acentuación de la vulnerabilidad que en algunos casos roza la exclusión social.

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