La imparable escalada de los precios está castigando de manera especialmente dura a las economías domésticas. La inflación, que en agosto se situó en el 10,4% en el Estado español, ha provocado un alza en los precios de los productos básicos que han alcanzado niveles desconocidos en cuarenta años. Aunque agosto supuso un leve alivio, la inflación subyacente, que mide el índice general sin alimentos elaborados ni productos energéticos, está en el 6,4%, el valor más alto desde 1993. La factura de la luz que pagan las familias acumula año y medio de continuos incrementos, de manera que en agosto el desembolso medio de los hogares ha sido un 70% más caro que el año anterior. Los usuarios de carburantes –es decir, la inmensa mayoría de la población– han sufrido el verano más caro de la historia a la hora de llenar el depósito. El euríbor, el indicador de referencia para las hipotecas de tipo variable, ha cerrado agosto con su valor más alto en una década, lo que está encareciendo las cuotas mensuales en alrededor de 1.500 euros al año. El inminente arranque del curso escolar 2022-2023 está caraterizado, más allá de los importantes retos educativos, por ser el más caro en décadas. Mientras, los salarios continúan congelados o con subidas muy por debajo de los precios, lo que deteriora aún más el poder adquisitivo de las familias. Podrían señalarse muchos más indicadores de corte similar. Es la descripción, con datos contrastados, de una tormenta perfecta económica en medio de la mayor de las incertidumbres con la guerra de Ucrania y acrecentada por el corte de suministro de gas ruso a Europa. En este complicado escenario, con la perspectiva de unos próximos meses aún más duros, se requieren actuaciones urgentes por parte de las instituciones y los agentes sociales. En primer lugar, la toma de medidas eficaces para frenar la inflación desbocada y lograr la bajada de precios –ya se está haciendo, aunque con resultados irregulares y cuestionables–, así como la puesta en marcha de ayudas a empresas y a los sectores más desfavorecidos. Además, empresarios y sindicatos deben estar a la altura y asumir su responsabilidad para alcanzar un gran acuerdo –se llame o no “de rentas”– que pueda revertir los desequilibrios y garantizar y blindar un poder adquisitivo suficiente de los trabajadores sin poner en riesgo la continuidad de las empresas.