Álvaro García Ortiz ha llegado a la antesala del banquillo de los acusados tras el final de la instrucción del juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado. La trascendencia del hecho de que el fiscal general del Estado se vea sometido a un juicio por presunta revelación de secretos no es menor. No cabe rebajar su importancia por mucho que los hechos e indicios, publicitados ampliamente pese a la fase de instrucción que debería suponer lo contrario, puedan parecer menores.
La eventual participación de la máxima autoridad fiscal en una presunta actuación contra los derechos de un ciudadano particular sería una violación grave de su función y un acto criminal contra la libertad y la igualdad de un administrado ante la ley. Hasta aquí, el frío dato de la instrucción, cuya calidad deberá acreditarse en fase posterior por un tribunal que valorará también, indirectamente, la actuación del juez instructor. El caso contiene componentes políticos de calado. García Ortiz ha estado en medio de la polémica por sus decisiones pasadas; de naturaleza política, pero acordes a su función. La línea de la actuación criminal es un límite grueso que, de quedar acreditado su desborde, inhabilitaría al investigado; pero, de no ser así, la carga recaerá justamente en la calidad de la instrucción. La difusión del procedimiento a base de filtraciones –precisamente en un caso de presunta filtración– ha permitido acceder a la interpretación del instructor, a los elementos indiciarios que ha sobreponderado y a aquellos que ha despreciado.
Tanto es así, que nadie dudaba de que la instrucción acabaría en propuesta de procesamiento. Hurtado ha ido aparcando los elementos que cuestionan el relato de la acusación y se ha quedado con una interpretación marcadamente sesgada de presunciones que están por acreditar. La más llamativa en el cierre de su trabajo, la de dar por hecho, sin pruebas que conduzcan a ampliar el procesamiento a terceros –y por eso no se hace– que la inspiración del presunto delito parte de la Presidencia del Gobierno. Con un elemento probatorio sostenido en la convicción del juez, extremadamente interpretativo, la afirmación parece cuando menos aventurada. El hecho es que el foco del caso es munición para enlodar aún más un ambiente difícilmente respirable en la política española.