La situación es una constante que desestabiliza objetivamente la vida política en el Estado pero que se ve inflamada por una estrategia que pone en solfa no tanto a uno u otro partido o representante político, sino a la credibilidad del sistema. Y esa es una grave irresponsabilidad.
La intervención del Tribunal Supremo valora los recursos presentados contra la imputación de García Ortiz por presunta filtración de datos en el caso de fraude fiscal del que está imputada la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Conviene no perder la perspectiva de la propia decisión y su contenido.
En primer lugar, porque la unanimidad que ha recibido la exoneración de la fiscal jefe de Madrid no se ha repetido a la hora de aceptar el procesamiento del fiscal general. La discrepancia de criterio persiste en este caso desde el principio en el ámbito de la Justicia y la calificación de los indicios, aunque sí hay coincidencia en entender sin fundamento al menos la parte sobreseída de la instrucción del juez Hurtado.
A partir de aquí, la exigencia de cese del fiscal general no se sustancia en criterios legales aplicables, que están muy tasados. Ni se ha dado incompatibilidad o incapacidad se ha acreditado, en el procedimiento en curso contra él, incumplimiento grave o reiterado de sus funciones.
En consecuencia, la prudencia exigiría preservar la estabilidad de la institución que representa. Sin embargo, el debate político se desliza a la interpretación interesada y utilitarista de un determinado relato de hechos con la pretensión de crear una opinión colectiva ajena a las debidas garantías, sin importar el daño a las instituciones democráticas. La acción de la Justicia debe completarse con esas garantías y no suplantarse por el juicio público de los indicios.
La jueza del sumario de la dana acaba de cuestionar por poco rigurosos informes indiciarios de la Guardia Civil que en otros casos reciben un tratamiento mediático y político de infalibilidad que solo el procedimiento judicial puede acreditar o rechazar. Que la Justicia haga su trabajo con garantía y calidad técnica y los políticos no la suplanten.
