Con independencia de que sean de uno u otro partido, en el nivel autonómico o la Administración del Estado, la expectativa de la ciudadanía es que estén a la altura de una necesaria gestión colaborativa, ordenada y eficiente frente a una tragedia que está causando graves daños personales y materiales, además de un impacto ambiental severo. Sin embargo, se reproduce la lamentable confrontación dialéctica con cruces de acusaciones.
Parece prioritario hallar culpables en el rival que responder de la manera más urgente al problema acuciante. Lo han vuelto a hacer desde el PP al acusar al Gobierno de Pedro Sánchez del mismo proceder que en la dana de Valencia: esto es, de no asumir la responsabilidad directa de la respuesta a la crisis suplantando –y de paso liberando– a las autoridades autonómicas en su responsabilidad competencial.
La respuesta del PSOE ha sido precisamente el reproche de la dejación de funciones de los representantes del PP en las autonomías afectadas. Mientras, sobre el terreno la coordinación de medios depende de la responsabilidad autónoma de quienes no priorizan su carrera política y se juegan muchas veces la vida.
La esclerosis del sistema que produce este proceder es un enemigo que deteriora el funcionamiento de los mecanismos públicos. Ha ocurrido en materia de migración, donde las declaraciones han sustituido a las acciones, como reprocha el presidente de Canarias en el fallido inicio del reparto de menores, que permanece bloqueado, o cuando las autoridades vascas reclaman agilidad para asistir al contingente de refugiados malienses llegados al norte peninsular por su condición de zona de paso fronterizo.
No hay procedimiento desarrollado que permita la gestión eficaz y, en su lugar, se habilita un debate de reproches en el que la insolidaridad tiene mejor rendimiento político que la corresponsabilidad. El daño principal que este tiempo y estrategias políticas están causando se lo hacen a la confianza ciudadana en el sistema de resolución pacífica de conflictos que es la democracia.
