El Congreso de los Diputados volvió a acoger este jueves una sesión plenaria que, con una nueva derrota del decreto de protección social, ha certificado prácticamente la carencia de una estrategia alternativa para alcanzar sus objetivos. Tras el fracaso del “decreto ómnibus” de enero –que se escudaba en buena medida en las pensiones para amparar bajo el consenso que suscitan, el escudo social, topes de precios en emergencias y ayudas por accidentes ferroviarios– el Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado convalidar solo la revalorización de pensiones, situando además a Vox en la soledad de apartarse del consenso.

Pero, más allá, del cálculo de imagen y giro de facturas a la derecha, la minoría parlamentaria volvió a evidenciarse. Ahí se ha quedado la prórroga del escudo social (moratoria antidesahucios hasta 2026, modificada para excluir a los propietarios únicos merced a la intervención del PNV) y con ella el resto de medidas. La persistente resistencia de Junts a ceder un escenario de estabilidad al gabinete español ha dejado sin un plan B sólido por parte del Gobierno. Y ese es un problema que va más allá del desgaste de imagen del Ejecutivo, que se añade a la percepción de división de agendas entre los propios socios, PSOE y Sumar.

La resiliencia de la que hace gala desde el inicio de la legislatura el presidente Sánchez, sometido a presiones de un tono populista de la oposición y cainitas de sectores del propio socialismo, no es en sí misma una forma de gobernar. No todo se resuelve con prórrogas presupuestarias ni pactos puntuales. La legislatura, con su minoría perpetua, acumula tensiones que complican la gestión futura.

Si el Gobierno aspira a mayorías estables que contraponer, más allá incluso del final de la legislatura, al más que evidente frente nacionalista de PP y Vox –cuya pugna se convierte en acuerdo cuando el reparto de poder está presente– sigue necesitando restaurar su mayoría de investidura y eso va a seguir pasando fundamentalmente por las fuerzas soberanistas vascas y catalanas. Con ellas, los compromisos están claros, lo que se espera de un Ejecutivo sensible a sus demandas, tangible. Ni siquiera tiene por qué entrar en contradicción un proceso de refuerzo del autogobierno con el modelo descentralizado de Estado. Al contrario, le daría solvencia.