El auto de imputación a José Luis Rodríguez Zapatero en el ‘caso Plus Ultra’ exige separar con rigor la realidad procesal del ruido político. No cabe fijar posición de un plumazo superficial e interesado, bien criminalizando, bien dando por hecho el lawfare. Un análisis del documento revela una instrucción fundamentada, pero que aún debe recorrer un largo camino para transformar los indicios en certezas probatorias, especialmente en lo que atañe al papel del expresidente. Las pruebas periciales y documentales son base de la interpretación de una precaria situación mercantil de la aerolínea y de la presunta irregularidad de su rescate. A esta parte se añade la evidencia de un rastro de dinero: el instructor detalla flujos económicos desde Plus Ultra hacia sociedades intermediarias que canalizaron pagos a las cuentas del propio Zapatero (490.780 euros) y a una empresa vinculada a su entorno familiar (239.755 euros).
Sin embargo, el nexo penal que conecta esos pagos con el ejercicio de una influencia directa sobre la decisión administrativa se apoya mayoritariamente en otra base: testimonios y conversaciones indirectas de terceros. Por su carácter indiciario y subjetivo, estos indicios deberán ser acreditados durante la instrucción para demostrar de qué modo influyó, ante quién y si verdaderamente hubo dolo. Pero en ningún caso debe la decisión del juez tildarse de arbitraria porque existen indicios objetivos (la quiebra técnica y los cobros) suficientes para investigar y permitir a los implicados ejercer su defensa. En este punto, la presunción de inocencia debe permanecer intacta como pilar innegociable de la seguridad jurídica del procedimiento.
Y, en eso, no ayudan las actitudes políticas seducidas por la golosa trascendencia del imputado y animadas a desbordar límites de lealtad democrática por la voluntad de desgaste partidista. La criminalización constatada ayer en el Congreso es palmaria y no opera en beneficio de la Justicia, que requiere márgenes y tiempos de actuación con plena libertad y sin inducciones. La utilización política del caso, para condenar ante la opinión pública al Gobierno y el principal partido que lo sustenta, invierte el valor proceso judicial en democracia. Solo el rigor de los tribunales determinará si existe reproche penal sólido; no su instrumentalización en la refriega política.