Pamplona se prepara para los Sanfermines 2026 y el Ayuntamiento ya ha comenzado a inspeccionar las terrazas de los locales de hostelería de la ciudad, en torno a 880 de ellas, con la idea de comprobar si cumplen con la normativa y si, sobre todo, se ajustan al espacio que tienen adjudicado. Las inspecciones que se llevan a cabo en las semanas previas a las fiestas sirven también a los técnicos municipales para estar al tanto de las autorizaciones, ya que el uso del espacio público en San Fermín suele pasarse por alto en la mayoría de los casos, y la hostelería, a tenor de las sanciones que se interponen cada año, no se escapa a ello.
Según datos de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en 2025 se interpusieron 51 sanciones a terrazas en las fiestas de San Fermín, en la mayoría de los casos por exceso de ocupación. Son casos que contravienen el articulado de la Ordenanza Reguladora de la instalación de terrazas en la vía pública. Las sanciones económicas van desde 60 a 600 euros para las faltas leves; de 601 a 3.000 euros para las graves y de 3.001 a 6.000 euros para las muy graves.
Sarasate, un tema para resolver
En el paseo de Sarasate, las obras de reurbanización impiden desde enero la colocación de terrazas, elementos que tuvieron que ser retirados. Para Sanfermines, Sarasate está “en estudio, es un tema pendiente de resolver”, indica el concejal de Seguridad, Endika Alonso.
Como norma base, y desde hace ya bastante tiempo, el Ayuntamiento de Pamplona, a través del área de Seguridad y Convivencia, comunica cada año a principios de junio una resolución en la que recuerda a los locales de hostelería del Casco Viejo que dada la “necesidad de que las calles queden libres y expeditas para el tránsito peatonal y el buen discurrir de las fiestas”, se señala que desde el 6 de julio, a las 8.00 de la mañana, hasta el 15 de julio, a las 8 de la mañana, “deberán retirarse todas las terrazas, barriles y resto de elementos de la vía pública en los límites interiores del Casco Antiguo, a excepción de la Plaza del Castillo”. Junto a la Plaza del Castillo, aunque también de forma excepcional, y siempre previa solicitud del local, se autorizan instalaciones muy concretas en lugares como la plaza del Consejo, plaza de San Nicolás, o calle Ciudadela, entre otros, siempre que no afecten al tránsito normal.
En el Casco Viejo, solo, a priori, en Plaza del Castillo
Esto supone que las mesas para almuerzos, comidas y cenas que muchos establecimientos colocan en la calle no están autorizadas y saltarse esta orden es, según la ordenanza, infracción grave. De ahí, que el año pasado fueran sonadas las multas a negocios de hostelería que, sin tener permiso, tenían montadas terrazas sirviendo comidas de más de cien comensales, en el Casco Viejo, pero también en el Ensanche, donde las sillas de los clientes, según comprobó la Policía Municipal, llegaban a ocupar pasos de cebra, aceras y jardines.
En el caso del II Ensanche, sí que, en casos, se permite ocupar la calzada o instalar elementos diferentes en las terrazas, pero solo en zonas muy concretas, no en todo el barrio. Así lo recoge, como cada año, una reciente resolución del 30 de abril del área de Seguridad y Convivencia Ciudadana que recuerda que “solo se autorizarán aquellas que estén incluidas en las zonas restringidas al tráfico, es decir, con carácter general las que están al norte de la avenida Baja Navarra” (calle Olite, antes de Baja Navarra, es un ejemplo) no autorizándose “excepcionalidades para el resto debido a que las condiciones del tráfico son las mismas que las del resto del año”.
La reincidencia agrava la sanción
El concejal delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Endika Alonso, indica que con los bares en San Fermín se intenta hacer cierta pedagogía, porque la reincidencia supone un agravamiento de la sanción. Y hay sitios, por ejemplo, como la Plaza del Castillo, donde sí que se permiten terrazas en fiestas, pero hay locales que encima exceden la autorización y bien ponen más mesas y sillas de las autorizadas, u otros elementos como neveras, contenedores... Este periódico relató el año pasado hasta 7 casos, que oscilaban entre los 601 euros (leve ya que que retiró la instalación)y 4.500, el de mayor cuantía.