Las recientes revelaciones del sumario del ‘caso Leire Díez’ no han hecho sino agravar la incomodidad del PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez. Frente a la presunta red de tráfico de influencias destinada a condicionar pesquisas, el Ejecutivo ha levantado hasta ahora un muro de contención que ya resulta insuficiente. Sin que justifique la campaña sistemática de acoso y derribo desde la oposición, el desconocimiento alegado por el presidente deja flecos. Igual que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su férreo cierre de filas en torno a la directora de la Guardia Civil, tratando de restar cualquier gravedad o trascendencia a sus reuniones con la principal investigada.
A estas alturas del desarrollo de los acontecimientos, y a tenor de la gravedad que revisten los episodios descritos en la investigación y que sustentan el sumario que instruye el juez Santiago Pedraz, resultan insuficientes las explicaciones puramente defensivas. Siempre es imperativo, por respeto a las garantías democráticas y al Estado de derecho, mantener intacta la presunción de inocencia de todos los actores que han sido señalados y no caer bajo ninguna circunstancia en el señalamiento en base a presunciones no acreditadas en los tribunales. Ningún juicio mediático o político puede suplantar una labor rigurosa de la justicia. Pero en aras del mismo rigor, se ha vuelto imperioso un escrutinio crítico e inmediato de la aparente permeabilidad institucional. El modo en el que se constata que una persona inmersa en un procedimiento judicial grave como Leire Díez se habría movido en la estructura del partido (con una relación supuestamente cercana y comunicaciones con su secretario general, Santos Cerdán) y en los entornos del Gobierno (con un preocupante acceso a altos cargos nombrados por el propio Ministerio del Interior) reclama que se expliquen, cuando menos, los filtros que no han funcionado correctamente para evitar esta situación.
Hablamos de alguien con una dudosa agenda de intermediación que ha hallado entrada franca a organismos clave del Estado y esto reclama auditar con urgencia los mecanismos de integridad pública. Desconocer lo descrito en el sumario describe la ineficacia en la prevención y alerta del partido y –aún más– del Ejecutivo que interesa corregir.