De la demagogia fiscal al cinismo fiscal

PSN, UPN y PP eliminan en 2013 las exenciones fiscales por prestaciones de maternidad o paternidad. También lo hace el PP en el Estado. Cinco años después, el Tribunal Supremo sentencia contra la decisión del Gobierno del PP para las comunidades del régimen común -no para la ley foral de Navarra- y dicta que hay que devolver las retenciones del IRPF por esas prestaciones con carácter retroactivo entre 2014 y 2017. Y PSN, UPN y PP, los mismos que las eliminaron en Navarra haciendo seguidismo del PP, exigen ahora que se ejecute de inmediato esa devolución también en Navarra. La incoherencia política elevada al surrealismo. No sólo porque implica una dejación evidente de las capacidades del autogobierno fiscal de Navarra -otra vez-, sino porque vuelven a intentar eludir la responsabilidad política de sus decisiones cuando campaban a los mandos del poder en Navarra. Exigen aquello que no fueron capaces de hacer o aún más, exigen ahora lo contrario a lo que hicieron. Fueron UPN, PP y PSN quienes suprimieron en Navarra por su cuenta y riesgo esas exenciones. Que el actual Gobierno de Navarra defendiera en 2015 el mantenimiento de la eliminación de esa exención discriminatoria al margen de que la situación presupuestaria y económica fuera mejor o peor y que lo siga defiendiendo ahora es coherencia. Lo contrario vaya. Una incoherencia de PSN, UPN y PP también porque esa decisión del Supremo es desde el punto de vista de la equidad y la progresividad fiscal más que cuestionable e injusta. Esta exención fiscal, como todas las exenciones generalistas -ya sean al ahorro, al empleo, a la vivienda, etcétera- que no tienen para su aplicación elementos correctores como la renta, benefician a un conjunto de contribuyentes al margen de su situación económica, laboral o social. Es decir, anulan el principio fiscal de progresividad en la aportación tributaria y favorecen a aquellas rentas que mayores ingresos perciben o disponen. También es evidente que ni aplicar ni eliminar esta exención fiscal ha tenido incidencia real en el aumento de la natalidad ni en la conciliación. Sin olvidar que el carácter de retroactividad que aplica ahora el Supremo carga en el conjunto de los ciudadanos la lentitud y retraso de su propia acción judicial. Unos 7 millones de euros por año -con la retroactividad en 2019 un total de 35 millones de euros- a pagar a escote y que habrá que retraer de otras necesidades colectivas. La supresión de esta exención fiscal, y de otras similares, tiene más sentido que su mantenimiento o que su recuperación ahora por vía judicial. Por una simple cuestión de justicia fiscal. Y más todavía si Navarra ya tiene una legislación foral propia y prepara una normativa más equitativa, global, integral y progresista desde las posibilidades de su autogobierno foral. El problema del cinismo y la demagogia fiscal -bajar impuestos por electoralismo y avivar el escacqueo de las responsabilidades tributarias- es que abundan en la deriva general hacia una sociedad cada vez más exigente en reclamar derechos, servicios y prestaciones, pero que no quiere saber nada de deberes ni de responsabilidades. Un debate de interés general y mucho en juego para las generaciones futuras de Navarra Si se impone el camino de la hipocresía política y el egoísmo personal, el destino no será bueno.