Se equivocarán de nuevo la política y el Estado si persisten en la tentación de la mano dura como única respuesta a la crisis en Catalunya. Como se equivocaron quienes aseguraban, jueces incluidos, que la sentencia del Supremo contra los dirigentes catalanistas presos actuaría como un bálsamo tranquilizador. El soberanismo catalán mantiene su fuerza social -basta ver el éxito de la huelga general del viernes- y, según apuntan las encuestas, también su mayoría electoral. Pero al mismo tiempo es cierto que esa fuerza no es suficiente para llevar adelante el proyecto independentista republicano. Es una reflexión en marcha en el seno de los partidos y organizaciones sociales catalanistas -sobre los que también se alargan las sombras de la división- que debiera ofrecer como resultado caminos alternativos a partir de ahora. Y también es absurdo camino hacia ningún sitio mirar hacia otro lado ante una realidad política de al menos 2,5 millones de catalanes y catalanas situados en el espacio político del independentismo en sus diferentes versiones partidistas y sociales. No tiene sentido afrontar un problema político con el escarmiento judicial, la violencia policial, la amenaza política permanente y el desprecio y el insulto zafio de los medios de comunicación. Y menos aún utilizar ahora la excusa de las actuaciones violentas de grupos muy minoritarios frente a las decenas de miles de personas que están ejerciendo su derecho a la protesta de forma pacífica para impulsar más recortes de derechos y libertades y aplicar más mano dura. Basta repasar de nuevo editoriales, declaraciones y tertulias de estos últimos días para comprobar el alcance de la desmesura, con un profundo tono cuartelero, en el que permanece instalado el Estado desde hace casi 10 años. Diez años en los que no ha habido ninguna oferta mínimamente seria a Catalunya para buscar soluciones conjuntas desde el diálogo democrático. Hay mucho en juego. Están en juego las propias bases del sistema democrático y la validez o no de la política una vía para la solución de problemas políticos y sociales. Si la demagogia electoralista de la intransigencia y el castigo se imponen a la cordura el resultado será a corto, medio y largo plazo desastroso.