l empeño constante del Estado por judicializar el problema político de Catalunya es un bucle sin salida. La decisión del juzgado de vigilancia penitenciaria de aceptar los recursos de la Fiscalía y anular el tercer grado de nuevo a la mayoría de los presos catalanistas y reenviarlos a la prisión catalana de Llenoders es solo un elemento de más que dudosa base jurídica para mantener los niveles de tensión e inestabilidad como única estrategia. Un recorte más de derechos, en este caso de los derechos penitenciarios que asisten a Junqueras y al resto de los presos soberanistas por una decisión política impulsada desde la Fiscalía. Un camino duro para las personas encarceladas, pero inútil políticamente. No hay más que ver los resultados de las elecciones catalanas celebradas el pasado 14 de febrero. Tampoco es una victoria real la aprobación del suplicatorio contra el expresident Puigdemont y otros dos eurodiputados de JxCat y la retirada de su inmunidad en el Parlamento Europeo. Una victoria pírrica para el Estado y una derrota agridulce para Puigdemont, quien pese a perder la votación sumó un 42% de votos de la Eurocámara en contra de la retirara de su inmunidad, una cifra inhabitual en este tipo de votaciones. El Estado seguirá empeñado en ganar la batalla judicial en la UE para lograr la extradición de Puigdemont, pero la realidad es que lo tiene igual de difícil que antes de que se le retirara la inmunidad, un trámite que por otra parte no le hace perder su cargo de eurodiputado. Más fuegos artificiales que hechos reales. Y el problema sigue siendo el mismo. La negativa del Estado y de los grandes partidos españoles a reconocer el carácter político del problema en Catalanuya con el derecho a decidir y la libre voluntad democrática de sus ciudadanos. El primer paso para solucionar cualquier problema de cualquier índole es asumir su existencia. Por muy obvio que sea eso, hasta ahora se ha optado por mirar hacia otro lado y obviar la obviedad. Los problemas políticos exigen soluciones políticas y diálogo democrático, no persecución judicial o policial. Todo se banaliza en este todo vale en el que se ha instalado un Estado que trata de ocultar su crisis política, financiera, económica e institucional bajo la excusa de Catalunya. El día de ayer fue otro día que muestra el alcance del desastre con la ofensiva electoral de las derechas extremas desde Madrid en plena pandemia y en plena crisis económica y de empleo. Cuatro años largos después del referéndum del 1-O de 2017 -y con la formación del nuevo Govern de Catalunya todavía pendiente, otra muestra de las diferencias que se ahondan en el seno del catalanismo soberanista-, solo queda un inmenso montaje policial, judicial y mediático como única respuesta del Estado a aquella movilización democrática. Prefieren el chantaje, la amenaza y el insulto facilón de taberna a aceptar su responsabilidad de abordar un diálogo real para buscar soluciones democráticas. El conflicto abierto sigue activo, aunque se quiera vender una realidad diferente. Y la inestabilidad de Catalunya sólo aumenta la del Estado. Y es difícil de entender, no ya que no se opte por buscar soluciones democráticas para la situación de Catalunya, sino que ni siquiera se quiera mirar al enorme desgaste social, económico y laboral que está suponiendo. Todo irá a peor por ese camino.