a decisión del departamento de Hacienda de compensar a Audenasa con un abono de 6,2 millones de euros por la pérdida de viajeros por la pandemia del coronavirus en 2020 tiene dos variantes de debate, la jurídica y la política. Desde el punto de vista jurídico, la consejera Elma Saiz alega que ese pago cuenta con el aval de los informes de la secretaría técnica de Hacienda y de la delegada del Gobierno en Audenasa. Lo contrario sería realmente preocupante para ella. No obstante, es cierto también que la decisión se tomó con el criterio contrario de la Intervención General del Gobierno, que criticó abiertamente ese abono de 6,2 millones de euros cuando, a su juicio, la cantidad que correspondería a Audenasa como compensación a la empresa adjudicataria de la AP-15 por la política de descuentos que se aplica respecto a las tarifas oficiales sería de 1,2 millones de euros, cinco millones menos. Audenasa es la adjudicataria de la AP-15 y está participada al 50% por el propio Gobierno de Navarra y al 50% por Itinere, una concesionaria privada con diversos accionistas que abarcan desde fondos de inversión a entidades bancarias. Supongo que las tres posiciones tendrán su propia argumentación jurídica en caso de que el caso llegara a los tribunales de justicia -cosa que parece difícil-, pero es evidente que con la aplicación del criterio de compensación que ha aprobado Hacienda, Audenasa juega sobre seguro en el negocio de las autopistas al eliminar de hecho buena parte del riesgo que conlleva cualquier tipo de inversión. Cuando las cosas van bien, se aumentan los ingresos para Audenasa y la tasa de compensación y crecen los beneficios de la concesionaria, y cuando van mal se cubren las pérdidas con más dinero público para garantizar de nuevo el nivel de beneficios. No sé, esto tiene también una lectura política más allá de este claro ejemplo del perverso juego de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Es un traspaso más de recursos públicos a intereses privados. Y eso recuerda a modelos de gestión de los bienes comunes de épocas pasadas, en las que el asalto de los intereses privados a las arcas forales fue una constante que abrió la puerta al despilfarro y al amiguismo político. Elma Saiz, y el Gobierno de Navarra que validó la propuesta de Hacienda, sabrán, pero debería darle una vuelta y quizá repensar la decisión. Audenasa fue un anhelado refugio de oro para recolocados de la política durante años, fue presidida por Miguel Sanz y sus puestos eran considerados entre las canonjías de las empresas públicas más apetecibles. Se privatizó el 50% para hacer caja en un momento de situación financiera y presupuestaria crítico para Navarra. Desde entonces, ese 50% ha ido cambiando sucesivamente de manos, convirtiendo esa parte, un patrimonio común de todos los navarros y navarras, en un objeto de más de la especulación de los mercados. Más aún cuando el coste global de la autopista que cruza de sur a norte Navarra ha sido pagado y recapitalizado de forma reiterada por las arcas públicas forales en las últimas décadas, y cuya explotación ahora, una vez saneada, ha quedado en un 50% en manos privadas. No sé si ese pago de 6,2 millones para compensar el descenso de beneficios de 2020 es de dudosa legalidad o no, ni tampoco si es un rescate encubierto del 50% privado de Audenasa, pero me parece un sobrepago injusto para los intereses generales de Navarra de libro.