l arresto y traslado a la comisaría de la Policía Nacional de Iruña de seis sindicalistas de LAB exige del delegado del Gobierno, Luis Arasti, una explicación clara y justificativa. De momento, y por lo que han trasladado a los medios las propias fuentes policiales, este hecho, que recuerda a tiempos viejos por su parafernalia política y mediática, resulta desproporcionado pues hubiera bastado una citación judicial para presentarse en el centro policial. Ni hay riesgo de fuga en ninguna de las personas detenidas con alevosía pública ni se les acusa de portar y mercadear con armas de destrucción masiva o 500 kilos de droga. Al contrario, son sindicalistas de LAB, la cuarta formación sindical que representa a casi el 18% de las trabajadoras y trabajadores de Navarra. Y en todo caso, si han podido cometer un posible delito lo ha sido en el ejercicio de su labor sindical y de forma pública. Esto es, si en el ejercicio de su libertad de manifestación y de su derecho a la protesta sindical, alguno de eso sindicalistas podido cometer algún delito o falta que se le abra expediente y se le cite ante la Policía o ante el juzgado. Lo normal. He visto piquetes sindicales, también de CCOO o de UGT, comportarse con más contundencia en la reivindicación de sus propuestas que la vista en los actos por los que han detenido a estas personas de LAB. Nada justifica una escenificación como la que ha permitido Arasti. Menos aún si la señalización penal hipotética está basada en las leyes reaccionarias que aprobó el PP durante la mayoría absoluta de Rajoy y que supusieron recortes de libertades civiles, políticas y sindicales y de los derechos constitucionales y democráticos que las amparan. El señor Arasti supongo que lo sabe, pero el PSOE se ha comprometido a derogarlas. Esa falta de medida y proporción en esta actuación policial es aún más evidente en comparación a la respuesta a delitos mucho más graves por corrupción política o financiera, violencia machista, delincuencia de alto nivel, tráfico de personas migrantes, trata de mujeres... La operación mediática de su detención ya sobrepasa casi seguro el alcance de las posibles acusaciones con esta exageración pública absurda e inútil desde el punto de vista judicial. Si es más que posible que a quienes se concentraron ayer ante la comisaría de Pamplona y fueron identificados se les intente aplicar las multas desorbitadas de la ley Mordaza, es de esperar que también se le señalen responsabilidades a quien ha organizado este sin sentido en una democracia avanzada. No me imagino a seis sindicalistas detenidos en un acto de protesta laboral o feminista como el que protagonizaron las personas acusadas ni siquiera en los países más democráticamente involucionistas de la actual UE. En países con democracias avanzadas, desde Europa a EEUU o Canadá, resultaría increíble una chapuza política así. Y por eso tendría consecuencias para los protagonistas del desaguisado. Otra cosa son las acusaciones que se intenten apañar ahora para justificar el show.