alance de la semana. Lo más importante para Navarra es el acuerdo político que suma una amplia mayoría para aprobar los Presupuestos de 2022. Unas Cuentas para un momento histórico en el que de nuevo las incertidumbres económicas comienzan a ser más que las certezas. Unas dudas sobre el futuro inmediato que se suman a la realidad de que la capacidad financiera y presupuestaria de Navarra está lastrada por la hipoteca de los gastos fijos de cada año que reducen al mínimo la capacidad de inversión pública. Jugar a la demagogia fiscal de la propaganda para tratar de no ver esa situación no parece la mejor propuesta. Navarra necesita abordar un modelo fiscal en IRPF y Sociedades y consensuar un nuevo contrato social con el conjunto de agentes implicado en el ámbito social, laboral y empresarial que garantice ingresos suficientes para impulsar más allá de la capacidad de endeudamiento esa inversión pública. Lo otro es un simplismo político para priorizar el horizonte electoral que puede ser un grave error si la economía no evoluciona según las previsiones. Por lo demás, más de lo mismo: autoritarismo judicial desde el Tribunal Constitucional y corrupción política en el PP. Nada nuevo. El Constitucional ha anulado también el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno de Sánchez atendiendo en parte el recurso de Vox. Que este Constitucional asuma los recursos del PP y Vox contra la capacidad legislativa del Congreso y la acción política del Ejecutivo no es ya noticia. Al menos, esta vez ha habido cuatro magistrados que han elaborado votos particulares contra esa sentencia. Es una realidad constatable que los altos tribunales se han arrogado una capacidad legislativa que no les corresponde. Muchas veces incluso para avalar decisiones de índole política que van en contra de la propia Constitución. Anular también la delegación de competencias en las comunidades para poder afrontar desde la realidad de la pandemia en ese momento en cada territorio las mejores soluciones para contener la covid-19 es un ejemplo de ello. El intento indisimulado de gobierno de los jueces rompe el principio democrático de la separación de poderes. Y para culminar una nueva condena a Bárcenas y al PP por pagar en negro con la Caja B la obra de la sede del partido en Madrid. 454 páginas de sentencia y un fallo demoledor de la Audiencia Nacional que vuelve a apuntar al entonces presidente del PP y del Gobierno Mariano Rajoy. La segunda condena por corrupción al PP. Que casi una década después la investigación judicial no haya sido capaz de señalar a quien corresponde el asiento contable del pago de sobresueldos de M.Rajoy en los papeles de Bárcenas parece una tomadura de pelo. El Estado español exige desde hace años una regeneración democrática que reimpulse la vertebración territorial, el equilibrio económico y financiero y la estabilidad institucional. Pero la realidad muestra más bien que sigue empeñado en un proceso de degeneración democrática que apunta graves riesgos y peligros sin que nadie parezca dispuesto a evitarlo. La involución a un Estado autoritario y judicial que persigue y penaliza derechos democráticos fundamentales e impulsa otra regresión recentralista, la confrontación territorial, la despoblación y las desigualdad social no es un buen camino.