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Ley del Convenio y voto del Parlamento

23.01.2022 | 07:51
Ley del Convenio y voto del Parlamento

Dice la consejera de Hacienda Elma Saiz que la búsqueda del consenso será la vía para superar las diferencias con Geroa Bai y EH Bildu sobre la modificación de uno de los artículos de la Ley del Convenio Económico en la última negociación con el Estado. Está bien ese compromiso, aunque debiera haberse alcanzado antes de remitir el proyecto al Parlamento sin apoyos y aunque haya pasado un mes ya desde que se viera obligada a retirarlo ante la falta de votos para su aprobación. Es cierto que el acuerdo alcanzado en la Comisión Coordinadora contiene cambios de calado en lo que se refiere al ámbito fiscal, como la tasa Tobin, la tasa Google o la adecuación del IVA del comercio on line. Nadie cuestiona esos avances ni tampoco el trabajo de los técnicos de Hacienda en esa comisión. Tampoco está en juego el cálculo de la Aportación anual al Estado ni la llegada de las transferencias pactadas desde hace tiempo y retrasadas por el Gobierno central –Tráfico e Ingreso Mínimo Vital–, si no se aprobase la ley tal y como está. Nunca ha sido así ni tiene porque serlo ahora. No es en los aspectos técnicos donde surge el problema, sino precisamente en el ámbito más puramente político. Se modifica el artículo 67.2-h dejando la competencia de modificar el Índice de Imputación que sirve de base para calcular la Aportación de las arcas públicas de Navarra al Estado –en la actualidad en el 1,6%–, en manos de solo los dos gobiernos y hurtando la potestad al Parlamento de expresar su opinión política en caso de que ese índice pueda ser modificado. Esa facultad del Parlamento está vigente desde la recuperación y renovación del Convenio Económico y de su normativa reguladora en 1990 y tiene al menos dos valores. En primer lugar, supone un escudo político para la Comisión Coordinadora, en un ámbito de colisión política y técnica entre los intereses centralistas y los del autogobierno financiero y fiscal de Navarra. En un escenario en el Estado es la parte más fuerte, la necesidad de que los acuerdos reciban el visto bueno de la Cámara foral es un argumento de fuerza negociadora para Navarra. Y en segundo término, porque el convenio Económico es un instrumento técnico para organizar el autogobierno y las capacidades fiscales propias. Pero es sobre todo el elemento político clave de los restos del régimen foral propio de Navarra. Salvaguardar eso no es una cuestión menor. Más aún cuando modificar ese artículo para suprimir esa potestad del Parlamento de Navarra es innecesario y porque no hay una explicación –al menos conocida públicamente–, que justifique un cambio de tanto calado político para Navarra. El Parlamento algo tiene que decir sobre el Índice de Imputación, incluso aunque sea muy difícil que rechace un acuerdo previo entre ambos gobiernos en la Comisión Coordinadora. Aún así, para Navarra ese pronunciamiento es algo más que un trámite. Si no se tiene claro eso, no se tiene claro el significado político del autogobierno foral de Navarra. Elma Saiz tiene la responsabilidad de superar ese desacuerdo. Y debiera intentarlo con los grupos que apoyan al Gobierno. Si no es así y echa mano del salvavidas interesado de Navarra Suma, la derrota apuntará a la presidenta Chivite y la victoria le habrá caído del cielo a Esparza. A veces, un solo hilo suelto basta para descoser la costura entera.

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