la política lleva mucho tiempo embarrada hasta las cejas. Estamos ante un lodazal en el que participan activamente jueces, medios de comunicación extremistas y voceros a sueldo, además de los propios partidos políticos.
La presunción de inocencia ya no es un derecho y el secreto de sumario se utiliza a conveniencia. Si se quiere contribuir, por el ejemplo, al derribo del Gobierno, como en el caso Koldo-Ábalos-Cerdán, se suceden las interesadas filtraciones periodísticas e incluso se comunican los registros antes de que se produzcan para sean televisados en directo.
Diferente ha sido la instrucción de la causa que afecta al exministro Montoro. Tras siete años de secreto de sumario, hemos conocido que quien fue nada menos que titular de la cartera de Hacienda durante el Gobierno de M. Rajoy está imputado por supuestamente beneficiar a empresas gasistas. El magistrado sostiene que lideraba una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico.
Toda una bomba de relojería en la línea de flotación del PP, que ha hecho casus belli de la corrupción del PSOE y que sin embargo ahora, cuando se ve delante del mismo espejo, enmudece o echa balones fuera como si esta películo no fuera con él.