La estampa vivida ayer jueves ante el Palacio del Condestable devuelve a la actualidad un debate que Pamplona parece incapaz de cerrar. La presencia de colectivos sociales reclamando el alta padronal para una treintena de jóvenes, en su mayoría de origen magrebí y supervivientes de la precariedad en el Convento de Aranzadi, trasciende el mero atasco burocrático. Estamos ante un pulso que mide la capacidad de la ciudad para asimilar una inmigración que, cuando se concentra en colectivos específicos y con perfiles de alta vulnerabilidad, supera con creces las previsiones de cualquier plan municipal. El Ayuntamiento se halla en una posición incómoda. Por una parte, los dictámenes del Tribunal Administrativo de Navarra y del Defensor del Pueblo actúan como recordatorios constantes de que el padrón es un registro de hechos, no una concesión administrativa ni un premio a la integración. Sin embargo, la gestión de la realidad es compleja. Atender a un grupo tan heterogéneo como el de los jóvenes que malviven en inmuebles abandonados (exclusión residencial extrema) exige de unos recursos de acompañamiento, mediación y vivienda que la ciudad parece suministrar a cuentagotas.
Denuncian un nuevo "bloqueo" de Pamplona al padrón social de personas sin hogar
Sabemos que entre un centenar y doscientos jóvenes magrebíes han llegado a la ciudad este último año atraídos por la red de apoyo social de Navarra y por la esperanza de la Regularización Extraordinaria de 2026 (no para quienes tengan antecedentes penales). No se les quiere empadronar en espacios que no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad pero estos jóvenes tampoco tienen otra red social de apoyo. El Consistorio defiende que debe garantizar la veracidad del registro para evitar el fraude (personas que se empadronan en Pamplona para acceder a la Renta Garantizada pero que realmente no viven aquí) y existe la preocupación de que una política de “puertas abiertas” en el padrón social atraiga a un número de personas que la ciudad no puede atender con dignidad (sostenibilidad de los servicios públicos). Para los colectivos sociales y los organismos de control, en cambio, esta “prudencia” se traduce en una barrera administrativa que despoja de derechos básicos a uno de los sectores más vulnerables de la población. Entiendo que hay que hilar muy muy fino. Tremendamente complicado el tema, también para los trabajadores sociales que están en medio.