Según los datos de Hacienda Foral, hay 5.117 personas que tienen en las rentas procedentes del alquiler su principal fuente de ingresos. Es decir, viven fundamentalmente de lo que generan sus propiedades inmobiliarias. No significa que no trabajen o no tengan otras fuentes, pero sí que el peso principal de sus ingresos no procede del empleo. A este grupo se suman otras decenas de miles de contribuyentes: en 2024, 61.949 navarros declararon ingresos por alquileres, ya sea de viviendas, locales o garajes. Este número ha crecido en torno a 4.000 respecto a antes de la pandemia, y cada vez lo que se declara es una cifra más alta: lo que muestra una tendencia clara: la vivienda ha ganado peso como activo rentable. Al mismo tiempo, la otra cara del mercado es evidente: más de 24.000 personas están inscritas en el censo de vivienda protegida, lo que refleja la dificultad de acceso a una vivienda en condiciones asequibles. El fenómeno no se limita a pequeños propietarios.
En Navarra, además de unas pocas familias, unas 120 sociedades y empresas concentran 5.300 viviendas en alquiler, según el registro de grandes tenedores impulsado por el Gobierno foral. Es decir, tienen más de 10 pisos o de 5 en zonas saturadas. Entre ellas hay empresas locales con larga trayectoria, constructoras, sociedades vinculadas a entidades financieras y fondos de inversión. El resultado es un escenario cada vez más polarizado. Por un lado, quienes obtienen rentas de la propiedad, en muchos casos con ingresos estables y crecientes. Por otro, quienes tienen que destinar una parte cada vez mayor de su salario a pagar un alquiler o esperan una vivienda protegida para poder emanciparse o mejorar sus condiciones de vida.
