Razones de un recurso

Nací hace 30 años con parálisis cerebral. A los 4 años me escolarizaron en un colegio público de integración preferente para personas con discapacidad motórica. Allí, un importante grupo de maestras, pedagogas terapeutas, cuidadoras y orientadoras consiguieron hacerme autónoma y paliar en gran medida mis limitaciones. Estos apoyos fueron un duro esfuerzo para ellas, para mi familia y para mí. Desde aquellos momentos tengo admiración por la profesión docente y mi aspiración vital es trabajar como maestra con alumnos de Educación Especial. Tras cursar el Bachillerato con algunos apoyos, ingresé en la Universidad Pública para estudiar Magisterio, donde con las necesarias adaptaciones superé la carrera en los tres años previstos. Consciente de mis posibles dificultades laborales, enriquecí mi formación académica licenciándome en Psicopedagogía en la Universidad de Navarra, y posteriormente cursé un máster de dos cursos en Intervención Social. Desde hace tres años y medio trabajo como maestra interina de Pedagogía Terapéutica creo que a satisfacción de los equipos directivos de los centros, de las familias y, sobre todo, de los alumnos que he tenido, pues ellos mejor que nadie saben que a veces un aspecto frágil y una lentitud en el habla pueden suplirse sin duda desarrollando otras habilidades y estrategias.

Creyéndome con la preparación teórica y práctica suficiente abordé las oposiciones que convocó el Gobierno de Navarra optimista, ya que además había 14 plazas reservadas a personas con discapacidad. Aquí empieza mi ingenuidad.

Siguiendo lo prescrito en la convocatoria solicité las adaptaciones en tiempo y ordenador. Primer error. Aprobé el primer examen escrito, y del segundo -oral- salí convencida de que, a pesar de algunos fallos, iba a aprobar. Soy muy crítica conmigo misma y, no obstante, ese fue mi convencimiento. La sorpresa al ver la calificación, 4,61, fue mayúscula.

No tuve ninguna duda de que el tribunal me suspendió no por mis errores en los contenidos, sino por mi discapacidad. Seguramente dudaron de mi capacidad para ser maestra, sobre todo por mi lentitud expresándome. Entiendo y respeto que dudaran, pero, ¿no me lo podían haber planteado en la fase oral en vez de hablar por el teléfono móvil o mirar al reloj? Sin duda fue un error pedir que mi exposición durara dos horas, pero, ¿no podía haber tenido reflejos el tribunal para evitar ese disparate?

Ante el convencimiento de mi discriminación acudí al departamento de Educación, al Cormin y a cuatro sindicatos. Solo quería que revisaran la calificación, no que me aprobaran sin más. Nadie me hizo caso. Acudí al Defensor del Pueblo y encontré sensibilidad y acogida, trasladando inmediatamente y de manera fundamentada mi queja al departamento.

Presenté en plazo la reclamación prevista en la convocatoria, y la respuesta consistió en comprobar que las sumas parciales estaban bien realizadas. Publicadas las calificaciones definitivas -por cierto, más tarde que el resto de los tribunales-, solo me quedaba presentar el recurso de alzada.

Soy un eslabón más en la larga lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Para que yo tuviera el derecho a la escolarización que he tenido, muchas personas lucharon durante años. Pero, ¿de qué sirve que presumamos de que más de 10.000 personas con necesidades educativas específicas están escolarizadas, si luego no podemos trabajar en empleos normalizados? No es este artículo el momento de citarla, pero toda la normativa internacional y nacional respalda la integración laboral de las personas con diversidad funcional, ¿no puede nuestra comunidad respetarla? Una sociedad democrática y moderna puede consentir que estemos convencidos de que estamos discriminados? ¿Debo quedarme de brazos cruzados con este convencimiento?

Sabiendo que podía ser la lucha de David contra Goliat presenté el recurso convencida que no solo debía luchar por la revisión de mi examen, sino por el futuro del acceso de las personas con discapacidad en la función publica para que las futuras oposiciones se convoquen inspiradas en los principios que ampara el derecho de las personas con discapacidad al empleo, y no sean esta carrera de obstáculos a la que me he visto abocada.

El departamento supo desde el primer momento que iba a presentar el recurso de alzada, solo a él es imputable la respuesta fuera de plazo.