Pagar más cuando tienes menos

06.02.2020 | 06:16

según el proyecto de presupuestos, para 2020 están previstos unos ingresos de casi 4.000 millones por impuestos. La recaudación por impuestos directos sería de 1.997 millones, alcanzando los indirectos los 1.999 millones. Si bien mejora levemente la proporcionalidad entre impuestos directos e indirectos con respecto a años anteriores, el peso de los indirectos continúa siendo excesivamente elevado. Entre los impuestos directos destacan por orden creciente de importancia: Patrimonio con una previsión de ingresos de 39,5 millones (casi testimonial), Sucesiones 53, sociedades con 307 millones, el 15,4% del total de este apartado y el IRPF que quintuplica al de Sociedades con 1.539 millones y el 77% del total de los directos.

Dentro del IRPF merece la pena hacer una diferenciación entre los rendimientos del trabajo y los del capital. Por rendimientos del trabajo se esperan recaudar 1.381 millones, casi el 90% de todo el IRPF, más del 69% de todos los impuestos directos, y el 34,5% de la imposición total. Por rendimientos del capital, hacienda piensa ingresar 91 millones, cantidad muy poco significativa.

La recaudación por el Impuesto de Sociedades, a pesar del incremento de la actividad y de los beneficios tras la crisis, no termina de arrancar. Se espera recaudar prácticamente lo mismo que en 2017. Con este impuesto tenemos un problema. Se discute mucho sobre su tipo nominal, sobre si hay que subir o bajar el impuesto, cuando la realidad es que el tipo general del 28% (menos de lo que aportan muchos trabajadores y trabajadoras) no lo paga casi nadie. Diversos estudios establecen en el 10% la imposición real, siendo las pequeñas y medianas empresas las que más tributan, con una media del 15% mientras las grandes aportan muy poco. Debería establecerse un mínimo obligatorio que se acercara al 28% nominal. Entre los indirectos destacan el IVA con la previsión de ingresar 1.334 millones, el 67% del total de los impuestos indirectos, y los Impuestos Especiales que recaudarán 560 millones, más del 28%.

Así, entre los rendimientos del trabajo (IRPF), IVA, e Impuestos Especiales suman 3.276 millones que en su mayor parte los paga la clase trabajadora. Podríamos afirmar que el 84% de todos los impuestos los aportan las rentas del trabajo (incluyendo pensiones o prestaciones por desempleo) que apenas suman la mitad de la riqueza que se genera cada año. Es, pues, la ciudadanía de a pie la que mantiene la mayor parte del presupuesto y, por tanto, de los servicios públicos, de las infraestructuras, de las inversiones? Podemos trasladar esos datos a un ejemplo: no hace mucho apareció en los medios de comunicación que los 70 kilómetros de desdoble de la N121-A, importantísima vía de exportación para muchas empresas locales y estatales, costarán 70 millones, a millón por kilómetro. Pues bien, de esos 70 kilómetros, los trabajadores y las trabajadoras costearán 59.

Volviendo al IRPF, en esta ocasión queremos felicitar al Gobierno porque, tras diez años sin hacerlo, se vuelve a deflactar la tarifa para evitar la penalización que supone el incremento del IPC a la hora de realizar la declaración de la renta. Si bien se hace en un corto 2%, queremos creer que es el inicio de un camino que lleve a anular el impacto negativo de los incrementos de precios al consumo producidos desde 2009.

Por otra parte, contamos, desde hace unas semanas, con un estudio elaborado por la UPNA sobre fraude fiscal y economía sumergida. En él se aportan datos de gran trascendencia que deberán tenerse en cuenta para elaborar un plan de lucha contra esas lacras, así como para corregir la normativa fiscal e inspectora. Aunque el estudio resulta incompleto al no haberse abordado la estimación del fraude fiscal existente en alguno de los impuestos más importantes como el de sociedades, o los impuestos especiales, ni tampoco en otros de menor cuantía pero de gran relevancia social como patrimonio o sucesiones, aporta datos muy interesantes ya que la media de fraude en IVA, entre 2008 y 2016 es de más de 662 millones. Pero en 2016, último dato que presentan, alcanzó casi los 900 millones. También el índice de fraude en IRPF supera el 25%. Pero en la parte que corresponde a los rendimientos de trabajo se queda en el 15%. Luego, el correspondiente a los rendimientos del capital son estratosféricos.

El peso promedio de la economía sumergida entre 1986 y 2016 se ha situado entre el 12,3% y el 15,3%, porcentajes tal vez demasiado optimistas porque aunque algunos estudios anteriores hablaban del 20%. Evidentemente el efecto en la recaudación ha sido negativo. Estima una pérdida acumulada, entre 2008 y 2016, de 5.741 millones, 638 millones de media anual. Es decir, si sumamos el fraude del IVA, del IRPF (sobre todo en rendimientos del capital), las estimaciones de fraude en el resto de impuestos no analizados, y la economía sumergida, podríamos decir que la pérdida de recaudación anual por parte de la Hacienda Foral superaría los 2.000 millones anuales. Así pues, la mejor inversión que puede hacer cualquier gobierno, incluido el actual, es ampliar la plantilla del personal de Hacienda porque resulta muy rentable. Plantillas que en nuestro caso, tanto en Navarra como en España, se encuentran lejos de las ratios óptimas en relación a sus habitantes. Bien es cierto, que se acaba de aprobar una oferta pública de empleo interesante de personal gestor y técnico.

En base a todo lo anterior, desde CCOO seguimos defendiendo la necesidad de conseguir profundizar en un sistema fiscal progresivo en la recaudación, exigiendo más a quien más tiene, y redistributivo en el gasto, atendiendo especialmente a quien más lo necesita. Es importante, asimismo, reducir sustancialmente el fraude fiscal y la economía sumergida y reconsiderar los beneficios y reducciones fiscales. Por último, planteamos reequilibrar la carga fiscal entre las rentas del trabajo y las rentas del capital. Solo así conseguiremos un modelo que distribuya las cargas fiscales con mayor equilibrio y se convierta en la herramienta de construcción de un modelo social más equitativo.

El autor es responsable de Políticas Sociales y Públicas de CCOO de Navarra