Periodismo ambiental, una actividad de riesgo

09.09.2020 | 00:52

tradicionalmente el periodismo ha sido una profesión de riesgo para sus profesionales, especialmente para aquellos que han cubierto guerras y conflictos armados. La búsqueda de la información ha provocado en ocasiones el enfrentamiento con distintos poderes, que en sus casos más extremos ha terminado de forma trágica.

Con motivo del "Día del sobregiro de la Tierra", establecido este año el 22 de agosto, Reporteros sin Fronteras (RSF) publica datos alarmantes sobre periodistas que trabajan en temas ambientales: al menos diez de ellos han sido asesinados y se han registrado más de 50 violaciones de la libertad de prensa relacionadas con este asunto en menos de cinco años en todo el mundo.

Malos tiempos para el "periodismo medioambiental", se señala en el último informe de Reporteros Sin Fronteras. Los ataques contra los periodistas que trabajan en temas relacionados con el medio ambiental se han convertido en algo corriente. Brandon Lee lo sabe bien. Este periodista estadounidense, radicado en Filipinas y que trabajaba para el semanario Nordis, escapó por poco de un intento de asesinato el 6 de agosto de 2019. En los últimos años, "me han seguido, vigilado, amenazado de muerte y denunciado en las redes sociales", recuerda el periodista que, en el norte del archipiélago, cubría especialmente temas ambientales que "denuncian las injusticias que todo el gobierno quiere encubrir".

Este grave incidente es uno de los 53 casos de infracciones contra el derecho a la información registradas por RSF desde la publicación del informe Clima hostil para los periodistas ambientales, que a finales de 2015 ofreció un primer balance de los ataques dirigidos específicamente contra periodistas que trabajan en este asunto. Las tendencias observadas hace cinco años ahora se confirman y se consolidan: como promedio, cerca de dos periodistas son asesinados cada año por haber investigado la deforestación, la minería ilegal, el acaparamiento de tierras o, más específicamente, la contaminación, las consecuencias para el entorno de las actividades industriales o los proyectos de construcción de grandes infraestructuras.

En una década, 20 periodistas han sido asesinados por tratar asuntos medioambientales. A diez de ellos los mataron en los últimos cinco años. De estos, nueve fueron asesinados a sangre fría en Colombia (2), México (1), Filipinas (1), Birmania (1) e India (4). La lista incluye a Shubham Mani Tripathi, corresponsal del diario en lengua hindi Kampu Mail, contra el que dispararon seis balas, tres de ellas en la cabeza, en junio de 2020. Este periodista indio acababa de compartir en Facebook sus temores de que la "mafia de la arena" lo iba a matar por sus investigaciones sobre casos de expropiaciones ilegales.

Los datos son contundentes y más allá del corresponsal de guerra, que se expone más que nadie por razones obvias, hay otro perfil de reportero que está pagando duramente las consecuencias de intentar informar con libertad: es el periodista ambiental. En algunos lugares del mundo, el territorio del medio ambiente se ha convertido en uno de los más peligrosos para el trabajo periodístico junto con el reporterismo de guerra.

Pero los periodistas especializados en medio ambiente no solo peligran en países en vías de desarrollo o bajo regímenes dictatoriales. También se exponen en el llamado mundo desarrollado. En Francia, la periodista independiente Inès Léraud, que investiga las consecuencias medioambientales de la agricultura intensiva en Bretaña, ya ha sido objeto de dos denuncias por difamación en el espacio de dos años. La primera denuncia contra la autora de la investigación Algas verdes, la historia prohibida, interpuesta por una personalidad del sector agroalimentario bretón que no dudó en denigrarla directamente a través de las ondas de radio y por correo electrónico, fue finalmente retirada unos días antes de la audiencia prevista, a principios de enero de 2020. También en Canadá y EEUU, decenas de periodistas fueron detenidos entre 2016 y 2020 mientras cubrían manifestaciones de ecologistas y comunidades indígenas que se oponían a la construcción de un gasoducto, de una gran presa hidroeléctrica o de un oleoducto en sus tierras ancestrales.

En el caso del Estado español, la cobertura de temas de impacto medioambiental se topa en innumerables ocasiones con presiones de todo tipo y obstaculizaciones para informar de forma rigurosa, contrastada, independiente y objetiva acerca de las agresiones al medio ambiente, o con detenciones absolutamente arbitrarias por cubrir las acciones de activistas ecologistas. Desde los poderes públicos en demasiadas ocasiones no se ha protegido el derecho básico a la información, que está amparado en la legislación vigente, porque sus intereses son coincidentes con los de determinadas empresas y multinacionales que atentan contra el medio ambiente.

Y en otros ámbitos, nos encontramos con determinadas prácticas como la que se hizo con Antonio Aretxabala, profesor e investigador de la Universidad de Navarra, que fue apartado en octubre de 2016 de dicha universidad, tras 25 años de servicio profesional y docente en el campo de la Geotécnica y el Medio Ambiente, por haber redactado y publicado varios informes sobre la problemática de Yesa, y a la que en algunos de sus artículos se ha referido como "una amenaza para miles de personas y una bomba de relojería". Un proyecto, el del recrecimiento del embalse de Yesa, al que asociaciones y sectores importantes de la ciudadanía han exigido en numerosas ocasiones su paralización, y que ha sido objeto de modificaciones sustanciales desde que fuera adjudicado en enero de 2001 y que casi veinte años después los problemas de seguridad y deslizamientos, causa principal de las actuaciones señaladas, están lejos de haber quedado resueltos.

El autor es experto en temas ambientales, Premio Nacional de Medio Ambiente y Premio Periodismo Ambiental Vasco 2019