El modelo de residencias es un brote de covid

14.11.2020 | 01:30

La situación de las residencias de mayores y centros de discapacidad es insostenible. En la primera ola de la pandemia murieron 696 personas en las residencias y los centros de discapacidad en Navarra y una de cada cinco personas usuarias se contagió. Desde julio han muerto 60 personas más, y ahora mismo son 150 las contagiadas.

Las trabajadoras también están sufriendo las consecuencias de este modelo de cuidados. Una de cada cuatro trabajadoras se contagió durante la primera ola de la pandemia, y ahora mismo hay 85 personas de baja por la covid-19. Estos datos son del Gobierno de Navarra, y aunque la situación que dibujan es realmente aterradora, la realidad que día a día tienen que vivir las trabajadoras es todavía peor.

Esta situación la ha provocado el modelo de cuidados, la covid-19 solo ha sido la última gota sobre un vaso a rebosar de precariedad y miseria. La pandemia ha sacado a la luz todos los problemas estructurales de un sector diseñado para que las empresas ganen dinero, no para cuidar de forma digna a quienes los necesitan, y mucho menos a sus trabajadoras.

No son casos aislados, los contagios se han dado en casi todos los centros de Navarra. No son brotes. Es la consecuencia de un modelo de cuidados privatizado en manos de empresas que priorizan sus beneficios económicos por encima del cuidado de las personas. El modelo sociosanitario de Navarra no está hecho para ofrecer los cuidados que la gente requiere ni para dar una atención de calidad. Es un modelo que busca enriquecerse a costa de las personas usuarias y de las trabajadoras. Todo ello, además, sustentado por dinero público.

Es un modelo que permite que haya fondos buitre gestionando centros de discapacidad, que basa su negocio en la precariedad y la salud de las trabajadoras y en la ausencia de recursos, y que tiene a muchas de las personas usuarias en condiciones inhumanas de aislamiento desde marzo.

La auditoría de los centros residenciales en Navarra ante la crisis de la covid-19 hecha por el Observatorio de la Realidad Social saca conclusiones tan alarmantes como que las residencias con bajas laborales del personal tienen 7,5 veces más probabilidad de estar altamente afectadas que aquellas que no las tuvieron; que las residencias que recurren a personal sanitario sin titulación tienen 4 veces más posibilidades de estar altamente afectadas por la pandemia o que las residencias con más de 100 residentes tienen 5 veces más probabilidad de ser altamente afectadas por la covid-19 que las residencias con menos de 100 residentes.

Por contra, esta auditoría también constata que cuantas más profesionales hay en las residencias, menor es la probabilidad de que les afecte la pandemia. Es evidente que cuanto mejores son las condiciones laborales y la situación de las profesionales que trabajan en el sector sociosanitario, mejor pueden cuidar a las personas que necesitan de sus cuidados y podrán dedicarles más tiempo. La pandemia también ha dejado claro que cuando la situación se complica el sistema público es el único que, aun con deficiencias, puede dar una salida y garantiza una mayor cobertura.

Es necesario y urgente priorizar el cuidado de las personas por encima del negocio de unos pocos. No podemos dejar en manos de empresas privadas y fondos buitre a las personas que necesitan ser cuidadas. Apostar por un modelo de cuidados de cercanía, un trato de calidad que respete la autonomía de las personas es incompatible con el actual modelo de residencias y centros sociosanitarios. No se puede atender a las personas con un cronómetro en la mano que obliga a las trabajadoras a no poder dedicar más de unos pocos minutos al día a cada persona porque los ratios de personal son mínimos. Los centros tienen unas instalaciones diseñadas para el hacinamiento, sin espacio ni intimidad, con recursos muy limitados y unas condiciones laborales precarias.

Parece que el envejecimiento de la población solo preocupa cuando se usa como excusa para recortar las pensiones. Pero el envejecimiento implica que cada vez más personas necesitarán un sistema de cuidados profesionales. Hay que darle la importancia que tiene, el sistema de cuidados públicos debe ser la mayor prioridad política, pero, desgraciadamente, no lo es para el Gobierno de Navarra.

El modelo mercantilizado y privatizado que tenemos en Navarra funciona porque se sustenta en el dinero público. El Gobierno de Navarra tiene la responsabilidad de gestionar estas políticas y decidir si su modelo es el del beneficio económico de las empresas y los fondos buitre o el de las condiciones dignas para los cuidados y las trabajadoras.

En ELA lo tenemos claro. La huelga del día 17 de noviembre debe impulsar un cambio histórico en este sector para convertirlo en un modelo de cuidados público basado en la cercanía, el trato de calidad y el respeto a la autonomía de las personas. Para eso, el aumento de ratios del personal y la dignificación de las condiciones laborales de las profesionales del sector de los cuidados es indispensable.

Los autores son responsable del sector sociosanitario y responsable de la Federación de Servicios Públicos de ELA, respectivamente