onforme más tiempo pasa, más claro nos parece que la gestión de la sindemia de la covid-19 se centra en atender a intereses que van más allá de la gestión sanitaria de la misma. Estratégicamente se pretende reforzar los intereses de multinacionales agroalimentarias y del motor, de empresas de grandes obras públicas, de nuevas tecnologías... y así se viene impulsando desde las élites económicas en Europa y el Estado español y encuentra un caldo de cultivo perfecto en la obsesión del Gobierno de Navarra en pro de un crecimiento desarrollista esquilmador de recursos. Mientras, estos gobiernos no muestran procupación alguna por aprovechar la actual crisis para fomentar la creación de trabajo digno, replantear la distribución del trabajo y la riqueza, reconocer el trabajo de cuidados, reparar el sistema sanitario y sociosanitario, enfrentarse a la deslocalización de empresas, a la ausencia de una industria farmacéutica pública, al fracasado sistema preventivo en las empresas...
El Gobierno de Navarra actual actúa en la misma lógica desarrollista que gobiernos predecesores sin impulsar los cambios necesarios para resolver las graves, y crónicas, deficiencias generadas por la desigualdad social que se han visibilizado en la pandemia. Siguen por tanto sin apostar por fortalecer los servicios públicos básicos, sin recuperar la gestión pública de ámbitos estratégicos como la energía, la vivienda o la banca, sin apostar por un sistema de producción y consumo de alimentos cercano, saludable y respetuoso con el medio ambiente... Así nos lo ha demostrado con el Plan Reactivar Navarra, en los presupuestos para el año 2021, y en la actualidad con los proyectos de solicitud de fondos europeos Next Generation.
En teoría se trata de fondos destinados a garantizar una transición ecológica y social, pero en la práctica poco vemos en esa dirección. Para demostrarlo, por un lado, tenemos el condicionamiento de las ayudas, ya sea en forma de préstamos que generan más deuda o de financiación directa sujeta a reformas políticas exigidas a modo de contraprestación por la UE. Por ejemplo, la rebaja de la cuantía de las pensiones públicas o el bloqueo de la derogación de la reforma laboral por parte del Gobierno español. La situación nos empieza a recordar demasiado a la crisis de 2008 y las recetas de austeridad implementadas entonces, de las que aún no nos hemos recuperado.
Pero no solo eso, ya que la Comisión Europea ha apremiado al gobierno para que resuelva la fragmentación de la regulación autonómica, abriendo las puertas a una nueva recentralización de las políticas sociales y laborales.
Por otro lado, el segundo principio rector de los fondos es la utilización del viejo relato de crecimiento económico igual a bienestar para el conjunto de la población. Y ese crecimiento solo lo pueden comandarlo “aquellas que tienen capacidad suficiente para innovar y ser tractores de la economía”, es decir, las multinacionales y grandes empresas, que en Navarra tienen ya nombres y apellidos.
Este relato se está utilizando para justificar la transferencia de fondos públicos, extraídos en su gran mayoría de las rentas generadas por las trabajadoras durante años, a las empresas privadas, por encima de las necesidades sociales más básicas de la clase trabajadora. Con el fin de que la rueda capitalista no pare; extractivismo y colaboración público-privada en todo su esplendor. Nos encontramos ante una recomposición de las elites con un disfraz verde que no engaña a nadie, y que sigue sin tener el objetivo de garantizar el bienestar de la mayoría de la sociedad.
Nos preguntamos: ¿qué hay de ecológico en el TAV, en la II Fase del Canal de Navarra, en seguir apostando por el transporte por carretera? ¿Macro parques solares y eólicos sin planificación ni criterio medio ambiental alguno, macro granjas agrícolas y ganaderas, proyectos mineros e industriales... sostenibles?
Si el fondo está claro, la forma de la toma de decisiones no lo está siendo menos. Opacidad en su máxima expresión. Se evita el debate social, dejando fuera al conjunto de la ciudadanía y a los organismos sociales y sindicales que las representan. Justo lo contrario de lo que desde hace años reivindicamos desde la Carta de Derechos Sociales respecto a las políticas públicas: garantizar los derechos sociales a las personas por delante de la avaricia del capital, así como participación y soberanía a la hora de tomar las decisiones.
Es urgente y necesario rechazar estos fondos que están condicionados a hacer recortes y políticas antisociales. No queremos ningún dinero que obligue a profundizar en las políticas capitalistas de la desigualdad. Debemos aprovechar este momento para decidir entre toda la sociedad qué modelo productivo y de trabajo reproductivo, de cuidados, queremos. Para poner la economía al servicio de la gran mayoría.
Utilicemos este momento para avanzar en los mecanismos que necesitamos para promover los cambios que garanticen una vida digna a las personas: una reforma fiscal profunda y progresiva donde los que más tienen más pagan, exigiendo a los gobiernos voluntad y responsabilidad para llevarla a cabo.
Estamos a tiempo de desenmascarar esta nueva refundación capitalista, por más envoltorio verde que le pongan, y crear mayorías sociales a favor de poner en el centro los intereses y las necesidades de los colectivos vulnerables y de las mayorías sociales y articular una propuesta para avanzar hacia un modelo soberano, socialmente justo y verdaderamente sostenible. Los partidos políticos del Parlamento de Navarra tienen todavía una oportunidad de oro para corregir la incomprensible postura que vimos cuando abrieron la puerta a la gestión de estos fondos en la votación realizada en Madrid. Pueden y deben poner orden ante el ocultismo del ejecutivo de Chivite en la gestión de los proyectos y ante el claro sesgo a favor de las élites económicas de siempre que se visualizan en los proyectos presentados.
Por último, señalar que frente a la cada vez mayor deriva autoritaria de la Administración frente a la disidencia ante sus políticas en la pandemia, es necesario reforzar las libertades y dar un vuelco a un aparato de Estado anclado en la dictadura franquista como lo van mostrando con excesiva frecuencia actuaciones inaceptables de la judicatura y de los cuerpos de seguridad del Estado.
Firman este artículo: Iñaki Moreno Sueskun, Mirian Uhalte Esteban, Iban Perez Enderiz y June San Millán GarcíaEn nombre de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria
