Digitalización y problemas medioambientales (I)

17.04.2021 | 01:03

El Gobierno de Navarra quiere crear dos bases de datos gigantescas con nuestros historiales sanitarios y sociales. Hoy, la digitalización es una megatendencia fundamental que ejerce un impacto revolucionario en los mercados laborales internacionales, en la cultura de masas y en el día a día de miles de millones de personas en el mundo. Por esta importancia económica, cultural y social, en los planes públicos post covid de todas las administraciones, la digitalización es uno de los grandes ejes de actuación. Pero esta apuesta se está llevando a cabo sin analizar el modelo. Y este debate es crucial. Porque la tecnología es un servicio, pero también un negocio, una amenaza para la salud, y un instrumento de control. Ningún plan post covid atiende que las tecnologías de la información producen muchas emisiones, que su fabricación es fosilista, los recursos necesarios escasos y sus desechos muy contaminantes. Según un informe del Alto Consejo para el Clima del Estado francés, el 5G puede provocar millones de toneladas de emisiones para 2030. Además internet es el mayor negocio del mundo, y eso hace que capital global, multinacionales, gobiernos, apuesten por la red. Pero lo más peligroso es la capacidad de control y manipulación que poseen. Los gobiernos de China y EEUU ya han empezado a detener a personas (chinos musulmanes, migrantes latinoaméricanos) gracias al control que permiten los datos informáticos. Los encarcelan en campos de concentración. Los móviles escuchan, geolocalizan, utilizan cara y voz para entrenar algoritmos de reconocimiento biométrico. Y nos identifican desde satélites, incluso sin nuestro consentimiento o conocimiento. Estas tecnologías unidas a sistemas de pensamiento empresarial y actitudes autoritarias, en el contexto de la sociedad de consumo, mercantilizan lo que somos al máximo. Desde 2008 hay un fenómeno global y descontrolado que actúa sin que conozcamos su trascendencia: el capitalismo de plataformas, o de la vigilancia. Este fenómeno es muy fácil de identificar, porque siempre opera de la misma manera: ofrece infraestructura para uso libre. Pero esa infraestructura, en el otro lado de la red, es una datacenter: todos los datos que se generan alimentan sus algoritmos predictivos de inteligencia artificial. Y estos datos procesados poseen una gran capacidad de marketing, pero también de vigilancia, control y manipulación. Este fenómeno se cuela con dispositivos como Alexa, en las plataformas digitales para pequeños comercios de barrio, en proyectos como los que propone el Next Generation del Gobierno de Navarra o del Ayuntamiento de Pamplona, en el diseño de las smart citys, las smart nation. En el Classroom o productos educativos que ya controlan los datos que generan nuestros hijos. Ahí donde hay un equipo conectado a internet, hay una posibilidad de negocio y de control. Estos datos, según tus circunstancias, se convierten en tus antecedentes. Por ejemplo, puedes verte atascada en el aeropuerto de un país donde esté prohibida la homosexualidad. En Holanda, antes de la II Guerra Mundial, se había realizado un censo de religiones para dirigir fondos a las comunidades según su tamaño. Cuando llegaron los nazis, esta base de datos rudimentaria facilitó el trabajo. Solo el 10% de los judíos holandeses sobrevivió. Sin esos datos, esa comunidad hubiera tenido más posibilidades de escapar. Las empresas multinacionales y los gobiernos autoritarios extraen un valor gigantesco a estos datos. Estamos hablando de Facebook, Apple, Microsoft, Amazon. Hace poco sus representantes estuvieron reunidos con el presidente Sánchez para vender la idea de una StartUpNation, con una digitalización de la economía y los servicios de administración desde sus plataformas. De esta manera, puede que el Estado español, finalmente, sea administrado por Amazon.

Por eso es básico establecer un debate ciudadano y democrático sobre qué tipo de red nos interesa. Y plantearse límites a estos negocios sobre los datos y si es caso, construir infraestructuras que ofrezcan esos servicios, pero que no cobren un precio oculto. ¿Qué tipo de base de datos quiere financiar el Gobierno de Navarra con nuestros datos informáticos sobre salud e historia social? ¿Con qué empresas quiere realizarla? ¿Cuáles son todos los objetivos de generar esas bases de datos? ¿Conocen los responsables políticos navarros el alcance de este fenómeno? ¿Las universidades navarras podrían diseñar un sistema operativo público, controlado y transparente, para realizar esa digitalización, sin tener que regalar esa fuente de datos a empresas que van a hacer negocio con ellos o nos van a poder controlar? Alguien debiera interpelar al Parlamento navarro y los medios de comunicación autonómicos sobre esto. Es responsabilidad de la sociedad debatir estos retos para encontrar la mejor solución compartida.

La autora es miembro de Iruña Gerora

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