La vivienda como derecho fundamental

18.12.2021 | 00:51

el artículo 47 de la Constitución dice que todos/as tenemos "derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

Sin embargo, tanto la política estatal como las autonómicas y las municipales están plagadas de normas y actuaciones en sentido contrario a dicho artículo. Si algo se ha promovido intensamente ha sido la idea de la propiedad de la vivienda como un bien de inversión y por tanto de especulación, símbolo de bienestar personal y social, "al alcance de cualquiera", por medio de créditos hipotecarios, muchas veces en condiciones abusivas. Y mientras "facilitaban" la construcción de vivienda en propiedad, a mayor beneficio de promotoras y bancos, los poderes públicos han olvidado sistemáticamente no sólo el mandato constitucional de impedir la especulación, sino también el de garantizar la protección de la población más vulnerable, de quienes nunca han podido acceder a una vivienda en propiedad y deben recurrir al alquiler privado.

El porcentaje de viviendas de alquiler social no llega en nuestro entorno ni al 2% del parque de viviendas, cuando la media europea es el 6% y países como Holanda llegan al 35%.

Las viviendas de alquiler social son las que se ofrecen a precios por debajo del mercado y se gestionan en función de lanecesidad de quienes las solicitan y/o a través de listas de espera.

Aunque la Encuesta de Vivienda de Navarra de 2016 estimael número de viviendas vacías en unas 24.500, muchas de ellas están ocupadas (pisos de estudiantes, pisos turísticos, etc.),por lo que el Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra calcula que las realmente vacías podrían ser unas 11.000. El diagnóstico de la vivienda en Navarra de 2018 estima también que unas 950 quedarían libres anualmente, y que la necesidad de viviendas en Navarra estaría entre 1.500 y 2.000 al año. Según el INE en 2020, en Navarra 33.100 hogares están en régimen de alquiler, lo que supone un 13% del parque de viviendas ocupado, mientras que sólo hay 5.104 viviendas protegidas de alquiler, más 776 en la Bolsa de Alquiler, lo que supone el 1,8% de todas las viviendas en uso. Son muchas las razones por las que cada vez hay más personas y familias que necesitan una vivienda digna y no la encuentran o no la pueden pagar. El estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007 ha provocado en Navarra 6.216 ejecuciones hipotecarias que vuelven a repuntar, seguramente como consecuencia de la crisis asociada a la covid-19. También la crisis ha provocadouna enorme caída en la construcción de viviendas y en especiallas de protección oficial. La crisis de la vivienda se ha ido desplazando hacia las viviendas de alquiler y desde 2016 el número de lanzamientos anuales por alquiler supera a los hipotecarios, siendo en 2020, 3 de cada 4 lanzamientos.

En los últimos cinco años, el precio de alquiler en Navarra ha subido un 42%; y, fruto de este encarecimiento, hay más de 8.000 familias inscritas en el censo de vivienda porque no pueden acceder a una en el mercado libre. Por otro lado, desde el año pasado y hasta el 2023 (es decir, en dos años), más de 400 familias navarras que tenían una vivienda pública en alquiler, están pasando a ser "inquilinas" de fondos buitre. Eso, lo estamos constatando, supone incrementar el precio de sus alquileres hasta hacerlos inasumibles. El resultado es el porcentaje altísimo de jóvenes que no se pueden emancipar, mujeres con hijos/as hacinadas en habitaciones subarrendadas y sin contrato, y por tanto "invisibles", personas mayores alojando a descendientes y familias en sus pisos, personas viviendo en la calle.

La situación es grave y se agravará más en el futuro próximo porque no hay soluciones a corto plazo que resuelvan los problemas ocasionados por unas políticas de vivienda mal orientadas y ejecutadas durante años y años. Sólo en los últimos cinco años de gobierno de UPN, se dejaron de ingresar en las arcas forales 579 millones por las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda. En esos años y con ese dinero el Gobierno hubiera podido construir cerca de 5.000 viviendas públicas para alquiler protegido. Pero no solo se tuvo una política de vivienda pensada más en la propiedad que en facilitar el acceso a la vivienda en alquiler, sino que, con los años, sus propietarios las han podido vender en el mercado libre, contribuyendo con ello, no sólo a la especulación, sino también a la reducción del parque total de viviendas protegidas. El porcentaje actual de viviendas VPO en Navarra es sólo del 9% del total.

Aunque el Gobierno de Navarra ha anunciado que las VPO serán viviendas protegidas indefinidamente, en el texto que se está preparando se define un periodo de sólo 21 años para las viviendas protegidas de alquiler. Sería un error.

Reconocemos el esfuerzo por ampliar las ayudas al pago del alquiler tanto a personas y familias vulnerables en el programa DAVID, como a jóvenes a través del programa EMANZIPA, aunque debe mejorarse sustancialmente, visto el incremento de solicitudes que duplica ya en mayo de 2021 a las del año anterior. Además, las ayudas son medidas cortoplacistas que serían evitables si se contase con un parque público de vivienda suficiente y adecuado para la demanda existente en nuestra Comunidad.

Es fundamental y urgente limitar los precios del alquiler también en Navarra, siguiendo la referencia de la ley estatal, porque están creciendo de forma exponencial. Navarra es la tercera CCAA y Pamplona la quinta capital donde más han subido en el último año. Estas subidas escandalosas absorben buena parte de las ayudas públicas e impidenque las familias salgan de la pobreza extrema porque dedican a la vivienda la mayor parte de sus ingresos.

El Departamento de Vivienda estima que sólo en Pamplona hay más de 3.000 viviendas vacías, cuya disponibilidad a corto plazo podría mejorar los problemas de acceso a la vivienda, pero exige el máximo de los compromisos de todas las partes implicadas: Nasuvinsa, ayuntamiento y propietarios para lograr un acceso a la vivienda más justo y solidario, más consecuente con el derecho reconocido en la Constitución.

La definición de vivienda vacía ha tardado mucho en incorporarse a las normas vigentes y ahora el censo de vivienda vacía se retrasa. Además, se necesitan medidas fiscales de incentivación y de penalización para que quienes posean viviendas vacías "prefieran" ponerlas en alquiler a seguir teniéndolas vacías.

El Gobierno de Navarra debería elevar de forma importante el impuesto que regula las viviendas vacías para que ayuntamientos como el de Pamplona no puedan impedir su aplicación real al reducirlo al mínimo posible, premiando así que las viviendas sigan vacías.

Debería darse un especial impulso al registro de vivienda vacía de los ayuntamientos, promoviendo el apoyo financiero y la obligación de rehabilitarlas y ponerlas en uso en plazos cortos de tiempo. En este sentido, destaca la situación de Pamplona que habiendo rehabilitado y puesto en marcha desde 2016, 160 viviendas de emergencia social, tiene aún al menos 86 sin rehabilitar, mientras que más de 300 familias están en lista de espera de una vivienda de emergencia habitacional municipal.

El uso de los fondos europeos que promueven la rehabilitación de viviendas deberían priorizarse para los casos en los que existan garantías de un uso social de dichas viviendas, mediante los oportunos convenios o incluso expropiaciones, como recientemente ha mencionado el consejero Ayerdi, con grandes tenedores de viviendas, como entidades financieras, fondos buitre, la Iglesia católica o algunos ayuntamientos como el de Pamplona. Todos ellos tienen muchas viviendas en desuso y los convenios anunciados hasta ahora son claramente insuficientes, porque no alcanzan más de unas pocas decenas de viviendas, cuando las necesidades se cuentan por miles. Queda mucho por hacerpero cualquier programa de vivienda en Navarra debe garantizarla construcción de más de 1.000 viviendas públicas de alquiler protegido por legislatura si queremos dar solución al drama actual y cumplir con un derecho reclamado en diversos foros internacionales como un derecho fundamental.

Los autores son coordinadora autonómica de Podemos-Ahal Dugu; coordinador general de Izquierda Unida Navarra-Nafarooako Ezker Batua y portavoz de Batzarre, respectivamente

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