l Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves 23 de diciembre, con 182 votos a favor, 70 en contra y 88 abstenciones, el Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La norma ha salido adelante gracias al apoyo de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV y Mas País, entre otros partidos. El PP se ha abstenido, así como EH Bildu, y en contra han votado Vox y los independentistas catalanes ERC, PDeCAT y la CUP. Ahora la norma irá al Senado para su ratificación.
A través de esta norma se incorporan a la legislación estatal diversas directivas europeas, de obligado cumplimiento, con bastante retraso, lo que ha motivado que el Estado español estuviera en el punto de mira de la UE. En este sentido, la Comisión Europea en los últimos años había recibido diversas quejas, entre otras, por los pobres resultados obtenidos en la recogida selectiva y reciclaje de los residuos municipales, y otras deficiencias en la gestión de los residuos.
En la exposición de motivos, el Gobierno español plantea esta actualización normativa para "sentar los principios de la economía circular a través de la legislación básica en materia de residuos, así como contribuir a la lucha contra el cambio climático y proteger el medio marino".
La nueva norma supone limitaciones a los plásticos de un solo uso, que hoy en día constituyen un grave problema ambiental ya que no se reciclan. De esta manera, se establecen medidas para la reducción del consumo de estos productos, que deberá ser en 2026 del 50% en peso, con respecto a 2022; y en 2030, del 70% en peso, con respecto a 2022. Esta reducción afecta a los vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, y los recipientes para alimentos.
Asimismo, se crea un impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizable. La base imponible del impuesto será por la cantidad de plástico no reciclado presente en el envase, que se gravará con 0,45 euros por kilogramo.
En cuanto a la prevención de residuos, es decir, su reducción, el proyecto de ley establece que se deberá reducir el peso de los residuos producidos en un 13% para 2025 y en un 15% para 2030, respecto a los generados en 2010. Para ello, las autoridades deberán adoptar medidas para "prevenir la generación de residuos, como el fomento de productos que sean eficientes, duraderos y reparables; fomento de la reutilización de los productos y componentes de producto; reducción de la generación de residuos en la producción industrial y alimentaria; reducción del contenido de sustancias peligrosas; freno a la generación de basura dispersa en el medio marino; y apoyo a campañas informativas de sensibilización sobre la prevención de residuos". En este sentido, el texto introduce el impuesto sobre el vertido y la incineración de residuos.
En el texto se recogen también algunas reivindicaciones de las organizaciones ecologistas como la instauración de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases, aunque se aplaza a una evaluación a finales de 2023 para empezar su implantación, cuestión que ha sido muy criticada por el movimiento ecologista. Con el sistema de SDDR, los consumidores pagan una fianza asociada al envase, que se le devuelve cuando lo retorna para que se pueda reciclar. Este sistema ya funciona en diversos países del mundo, como es el caso de Alemania, con mucho éxito, donde se ha llegado a recuperar hasta el 98% de los envases, mientras que con el actual sistema de recogida en el Estado español, según la organización ecologista Greenpeace, apenas se recogen el 25% de los envases de plástico.
¿Cómo afectará a Navarra este proyecto de Ley? Al ser legislación básica, será de obligado cumplimiento. Ahora bien, en nuestra comunidad se aprobó la Ley Foral de residuos y su fiscalidad en 2018, que ha sido pionera en el Estado español, cuyo texto recogía los aspectos más positivos que ahora tiene la ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular, e incluso algunos otros no incluidos en ésta.
En este sentido, los principios básicos de la ley foral eran los siguientes: la obligatoriedad de la recogida selectiva; la tasa por generación de residuos, tanto contamina, tanto pagas; aplicación de la jerarquía comunitaria de residuos, que se basa por este orden en la prevención y reducción, reutilización, reciclaje, valorización energética o incineración y vertido; aplicación de un canon al vertido y a la incineración y coincineración; proximidad entre generación del residuos y tratamiento, ya que ello genera menos contaminación y transporte; atención especial a los biorresiduos (fracción orgánica) y preferencia de su tratamiento aerobio para obtención del compost; la implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR), que está comprobado por las experiencias obtenidas en diversos países europeos que permite dar un salto importante en el reciclaje y reutilización de envases; entre otras cuestiones.
No obstante, a día de hoy algunos de los aspectos cuestiones más positivos de la ley foral no se han cumplido o no se han puesto en marcha, y entre ellas citaría que los biorresiduos (fracción orgánica de los residuos) depositados en el contenedor marrón de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona no son destinados a la obtención de compost sino que tienen como destino, junto a los residuos agropecuarios, la macrogranja de vacas de Caparroso para su metanización, y con ello incumpliendo el principio de la proximidad, entre otras cosas; el pago por generación, que permite atribuir a cada ciudadano o ciudadana un coste acorde con la cantidad real de residuos generados, lo que, además de representar un sistema más justo, genera un incentivo entre la ciudadanía para mejorar los niveles de reducción y reciclaje; la implantación del SDDR, que no sabemos muy bien si se ha realizado la prueba piloto que se señalaba en la ley foral de residuos, y si es así, qué resultados ha deparado; entre otras cuestiones.
El autor es experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente
