Ley de la (Des)memoria Democrática

Son tres conceptos de amplias implicaciones humanas que, por descontado, no se entienden del mismo modo por parte de las personas que defienden la Ley de Memoria Democrática como la de quienes no se han quedado convencidos de cómo se ha articulado la aplicación y alcance de dicha verdad, justicia y reparación.

El mundo de la izquierda ha sido siempre así. No se pone de acuerdo ni siquiera en un campo en el que no debería existir ninguna fisura, toda vez que quienes fueron vilipendiados por el franquismo formaron parte del Frente Popular que hizo posible el triunfo de las izquierdas en febrero de 1936.

Los partidos políticos han ido cada uno por su lado, intentando, desgraciadamente, sacar provecho de una ley que no ha sido, de ningún modo, consensuada por el amplio abanico de asociaciones memoriales. El desprecio del Gobierno a quienes más han trabajado por el reconocimiento de las víctimas del golpismo franquista, las asociaciones memorialistas, y el hecho de haber pactado la ley con Más país y EH-Bildu han colmado la paciencia de cierta izquierda. Porque no ha sido el PSOE, ni EH Bildu, ni Más país, quienes a lo largo de estos cuarenta años más han trabajado por las reivindicaciones de las víctimas del Franquismo. Los pactistas se han encontrado prácticamente todo hecho gracias a esas asociaciones memorialistas, de cuyas plataformas reivindicativas en todo el Estado, tanto el PSOE y sus socios de consensos, Bildu y Más país, han pillado de ellas lo que han considerado más acorde con su ideología y exigencias cortoplacistas del pacto.

Quienes no han dudado un instante para rechazar dicha Ley han sido las derechas, que ya lo hicieron en 2007 con la ley de Memoria Histórica del Gobierno de Zapatero. Si se repasa la hemeroteca se comprobará que tanto la Iglesia como el Gobierno del PP no ha cambiado ni una coma su discurso contra dicha ley, actualizada ahora en algunos aspectos, pero no en otros, considerados esenciales y respetuosos con la verdad, justicia y reparación de los asesinados y desaparecidos a raíz del golpe.

Para colmo, y aquí habría que hacer un redoble de tambores bien sonoro, del Monumento a los Caídos de Pamplona no se dice ni una sola palabra, lo que, sin duda alguna, constituye un insulto a los asesinados en Navarra, dejando intacto uno de los símbolos más abyectos de la represión en un lugar donde ni siquiera hubo frente de guerra. Reiterada omisión mientras en su cripta, cedida por el Arzobispado, siguen celebrándose manifestaciones elocuentes de apoyo al golpe por parte de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, con la impunidad práctica que le permiten políticos y jueces. Inherente franquismo que supura la institución católica en el vigente contrato firmado por el Arzobispado con el Ayuntamiento, cuando dice sobre su uso: “En todo caso, estas actividades deberán estar a tono con la naturaleza y origen de la edificación”.

En cuanto al Valle de los Caídos –recuperará su nombre original de Cuelgamuros, ¡menudo avance!–, que la ley se limite a establecer cuatro vaguedades sobre el monumento, símbolo por excelencia de la tragedia generada por los franquistas, y no se haya decidido a eliminarlo, da cuenta de lo timoratos que han sido quienes han emborronado la ley.

Sobre algunos aspectos señalados en ella hay que decir que muchos se podrían haber llevado a cabo sin necesidad de tanto empaque legislativo. Veamos. La declaración de ilegalidad del franquismo habrá supuesto un cachondeo generalizado entre las huestes de PP y los de VOX –aparte de que ya figura en las disposiciones derogatorias de la Constitución–, como la redefinición de las víctimas, el nombramiento de un fiscal especial, o la no derogación de la ley de Amnistía de 1977 –“fue un instrumento a favor de la reconciliación y la construcción”–. El punto crítico de “la creación de una comisión para estudiar las vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983” –donde asomaría el GAL–, y que ya ha sido puntualizado por el PSOE, limitándolo “a algunos casos especiales”.

El resto de los epígrafes son de risa y son un agravio comparativo, no complementario, para las victimas del franquismo y sus familiares. Nos referimos al cambio de nombre de Valle de los Caídos por el de “Cuelgamuros”, la creación de “un inventario de Lugares de la Memoria” –aquí figuraría el Fuerte de San Cristóbal, lo que resulta más que redundante, toda vez que no hay vecino en Navarra que no sepa qué fue ese fuerte durante el franquismo, además de que ya funciona activamente desde hace décadas como lugar de memoria–, el acceso a los archivos sobre hechos ocurridos desde el 18 de julio hasta la entrada en vigor de la Constitución en diciembre de 1978; la actualización de contenidos educativos para ESO, FP y Bachiller, que reflejarán la represión que se produjo durante la guerra y la dictadura, valorando la lucha por los valores y libertades democráticas; la supresión de 33 títulos nobiliarios concedidos por el régimen franquista y, finalmente, que la norma legal garantizará el reconocimiento a las mujeres que tuvieron un papel activo en la vida intelectual y política en su lucha contra el franquismo. Sinceramente. Todo eso está muy bien, pero es mercancía barata y con ella el Gobierno no puede engañar a las victimas del franquismo, olvidando lo esencial de la verdad, de la justicia y de la reparación.

Ante lo cual, se deben resaltar las múltiples lagunas que contempla esta Ley de Memoria Democrática como así lo han hecho varias asociaciones memorialistas, porque con relación a ley de 2007 no se ha avanzado nada en lo esencial.

Un ejemplo clamoroso. Uno de los aspectos más contradictorios de la ley es que se declare “ilegal el franquismo” y, por tanto, “sus condenas y sus tribunales”, pero nada se diga sobre los acuerdos que ese franquismo pactó con la Iglesia Católica, la cual, en el recorrido de la Ley sale sin sufrir un miserable rasguño. Se margina de un modo fraudulento que el Concordato de la Santa Sede firmado en 1953 se formalizó durante la denominada legalidad franquista. El Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, y el embajador en Roma, Castiella, afirmaron que “su doctrina comenzó a aplicarse al comienzo de la Cruzada, con el nuevo régimen español defensor de las tradiciones católicas de nuestra Patria. Toda su legislación comenzó a inspirarse en el espíritu que hoy podemos advertir en el articulado del Concordato”. Podrá argüirse que tales acuerdos se renovaron en 1976 y en 1979, los de este año en secreto y negociados antes de que se aprobara la Constitución. Daría lo mismo. Su matriz original huele a sangre y a botín de guerra. Y lo más escandaloso. Gracias a ellos, la Iglesia sigue recibiendo privilegios que no otorga la Constitución de 1978, además de perpetuar el concordato de 1953 sin variar su origen vergonzante: que fue un acuerdo hecho por un gobierno ilegal con un Estado que no era de Derecho. En 2013, Pérez Rubalcaba anunciaba que, si el PSOE llegaba al poder, acabaría con los acuerdos con la Santa Sede. Año 2022, ni siquiera en la Ley de Memoria Democrática se condena el papel de la Iglesia Católica durante la guerra provocada por el golpe del 36.

En buena lógica, si el franquismo queda declarado ilegal en ella, ¿cómo no se hace lo propio con dichos acuerdos franquistas? Son demasiadas cosas que ni cuadran ni justifican el vergonzoso e inexplicable voto favorable a la misma. La vendida excusa de no coincidir en una negativa con las derechas es otro insulto a la memoria de las víctimas.

Firman este artículo Víctor Moreno, Pablo Ibáñez, Clemente Bernad, Carolina Martínez, Laura Pérez, José Ramón Urtasun, Carlos Martínez, Ángel Zoco, Jesús Arbizu, Txema Aranaz, del Ateneo Basilio Lacort