Creo que todos hemos leído sobre la novedad de la próxima implantación de la factura electrónica para las empresas, pero en cuanto a las novedades que próximamente vamos a tener respecto a las facturas y su control no hay mucha información en los medios de comunicación, por lo que sería conveniente adelantar algunos aspectos que a mi juicio son interesantes aunque desde hace muchos meses vivimos en la vorágine electoral que, entre otras cuestiones, suele retrasar la publicación de legislación que debe acompañar a los cambios administrativos.

En primer lugar recordar la prohibición de software de doble uso para lo que Hacienda Tributaria plantea una certificación de los programas informáticos de gestión y administración de las empresas, especialmente la pequeña empresa, los autónomos y aquellos que trabajan para el consumidor final tienen el peligro de no dar importancia a esta obligación y sufrir dentro de no mucho tiempo las sanciones correspondientes no por realizar fraude, sino por no tener adaptados sus sistemas a los requerimientos técnicos de la administración tributaria. En este sentido Hacienda tiene previsto crear un certificado para confirmación de uso de programas informáticos.

Otro asunto no menos importante es lo que de forma genérica llamamos facturación electrónica, las consecuencias de la puesta en marcha de esta obligación van mucho mas allá de un mero cambio en el método de facturación y Hacienda va a ser la beneficiaria del cambio al poder obtener de forma inmediata toda la facturación de las empresas en cuanto se apruebe el reglamento de la ley en cuanto transcurra el plazo de obligación para las grandes empresas.

Varias son las consecuencias de la puesta en marcha de la nueva facturación electrónica (nada que ver con lo que ahora llamamos como tal), la incorporación de códigos QR y la imposibilidad de modificación de la factura ya emitida nos da una idea de las posibles ventajas para el emisor, el recepto, y en especial para la Hacienda pública.

En cuanto al receptor de la factura tiene la opción de ahorrarse tiempo de verificación, contabilización, archivo, y algo muy importante, control de cumplimiento de los plazos oficiales de pago que, no olvidemos, no se pueden alargar más de 60 días y que se va a crear un observatorio de morosidad comercial.

Pero la gran ventaja de la implementación del sistema a las empresas se la lleva Hacienda, pudiendo tener en el futuro las mismas facturas que la empresa emite o recibe a cambio de facilitar el método de transmisión de las facturas electrónicas por un sistema público.

Como de costumbre el Ministerio de Hacienda nos sorprende por su rapidez y su adaptabilidad a los tiempos con el fin de conseguir una eficacia fiscal hasta el punto que facilitará e incluso evitará inspecciones al tener datos relevantes de los contribuyentes.

Sería interesante que el resto de los ministerios tuvieran la misma eficacia respecto a los usuarios, los políticos deberían comprometerse a que así fuera y poner la sanidad, la educación o la justicia al mismo nivel técnico que tiene Hacienda.