En una ocasión, Iñaki Irazabalbeitia, entonces europarlamentario, y yo mismo, hicimos un somero análisis en una de las dos sedes del Parlamento Europeo, la de Bruselas, acerca del empleo lingüístico parlamentario. Son 19 las lenguas oficiales y una o un parlamentario europeo puede elegir cualquiera de ellas en sus intervenciones, con la seguridad y garantía de que será traducida a todas las demás lenguas oficiales.
Dichas 19 lenguas tienen el status de oficial en alguno de los 25 estados de la Unión Europea; y ello origina curiosas consecuencias, como, por ejemplo, el maltés sea una lengua oficial aunque de los aproximadamente 700.000 habitantes de Malta, lo hablan menos de la mitad. En cambio, los que hablan catalán, –en un recuento prudente–, superan la cifra de 20 millones de europeas y europeos. Ciertamente, las consecuencias que pueden sacarse de este hecho son tan graves como injustas. Los catalanofonos han soñado en más de una ocasión que si Andorra pidiese su ingreso en la Unión Europea –tal como Luxemburgo–, la lengua catalana se convertiría en una lengua oficial europea.
La oficialidad lingüística en Europa dimana hoy por hoy de la oficialidad de los Estados partícipes de la Unión, pero es evidente que un Estado puede tener más de una lengua oficial y el ejemplo más curioso y significativo de ese hecho es precisamente el inglés, pues ya no es más que una de las dos lenguas oficiales de Irlanda, a partir de Brexit.
Sin embargo, es obvio que el inglés se ha convertido en el lenguaje franco de Europa –y de todo occidente–, habiéndoles usurpado ese papel al latín y habiendo apartado en dicha condición al alemán, francés, italiano, castellano, etcétera. Por desgracia, los parlamentarios y académicos jacobinos de Francia y los cavernícolas pensadores del bunker español no acaban de darse cuenta –cegados por los odios–, que el adversario emblemático y principal de su enaltecida lengua no es el euskara, catalán, bretón, corso o bable… ¡Menuda cuadrilla de memos!
Actualmente existe la posibilidad de que en el Congreso de Madrid y en el Parlamento Europeo –y quizá también en algunas otras instituciones europeas–, pueda abrirse la oportunidad de utilizar el euskara. No parece que le reconocerá el primer nivel de oficialidad, pero se le posibilitará el uso. Dicho cambio tendrá un valor dialéctico y, sobre todo, simbólico, y a la larga, social. La pregunta y la argumentación de por qué no la oficialidad en buena parte de Navarra e Iparralde, si se le reconoce en Europa, cambiara totalmente su carga dialéctica.
Mientras tanto, sin embargo, los jueces y tribunales superiores de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra, con el beneplácito y protección del órgano político, que es Tribunal Constitucional, siguen dando cobertura a los recortes y opresiones de las instituciones de uno y otro territorio. Son gobernantes en contra de la igualdad, jueces desprestigiando la justicia e instituciones dificultando el porvenir. La cooficialidad para ser real y verdadera debe garantizar la igualdad entre ambas lenguas oficiales, posibilitándose así la libertad de elección lingüística. Es injusta y contraria a los derechos humanos –porque los derechos lingüísticos son derechos humanos, en cuanto que afectan a la personalidad–, establecer dos niveles de oficialidad.
Es preciso tener la valentía de autocriticarse y reconocer que el modelo de cooficialidad bendecido y sacralizado en los estatutos (el llamado de Gernika, y el apodado Amejoramiento) ha quedado ya obsoleto y agotado. Es necesaria una regulación que ampare la igualdad lingüística para evitar las barbaridades políticas, administrativas y judiciales, que además de injustas y perniciosas, son ridículas. Para poder comprobar el desequilibrio y la injusticia que estos últimos pronunciamientos judiciales sobre el euskera están originando, basta con cambiar de lugar el euskara y el castellano; es decir, poner una denominación donde está la otra. Quienes hemos conocido a euskaldunes monolingües en nuestra propia familia y entorno nos sentimos profundamente ofendidos cada vez que con el uso de la Constitución como espada y martillo se desprecian y arrinconan los derechos de tales personas.
Argumento Arestiano.- Parafraseando el poema irónico que dedicó Gabriel Aresti a Tomas Meabe, tendríamos que decir todo europeo debe defender el euskera como primera lengua originaria de Europa, pues estaba aquí antes de que llegasen los antecedentes indoeuropeos de las demás lenguas.
Gabriel Aresti, que no era precisamente de obediencia abertzale, escribió aquello de que no es español el que no sabe las cuatro lenguas de España, aunque algunos, incluso allegados suyos, han querido tergiversar tal afirmación.
Argumento Intxaustiano.- La sociolingüística en la que el recientemente fallecido Joseba Intxausti no ha legado una ingente aportación, es la que demuestra que la igualdad de las lenguas ha de reflejarse en una oficialidad análoga como único modelo de libertad y justicia lingüística.
Buena parte del debate intelectual se desarrolla ya entre nosotros en euskera y es algo que habrá de multiplicarse en una sociedad que precisa recibir inmigrantes, y cuyas nuevas generaciones estarán mucho más integradas en la medida en que hagan suya la comunicación con los antepasados.
Argumento Kanpioniano.- No hubiera sido una mala oportunidad el centenario de Eusko Ikaskuntza y Euskaltzaindia para celebrar un nuevo congreso de estudios vascos, pero nuestras instituciones culturales también precisan de renovación en la que los modelos de dirección de más de 20 años sean renovados por cuanto eso exige el necesario cambio también en nuestro caso. Además de reivindicar es preciso revisar y hacer autocrítica, y en ese ámbito, no caben exclusiones.
El autor es abogado
