Todos los años se producen dos danas educativas que durante unos días nos mantienen en alerta roja. A finales de junio graniza lo duro que es aguantar a las criaturas durante dos meses y pico y ventea el pastón que hay gastar en campamentos y academias. A finales de agosto, torrentes desbocados de materiales escolares, matrículas, cuotas, actividades complementarias, excursiones, semanas blancas, azules o verdes, comedor, transporte, aulas de madrugadores, English Week Residencial o English week at Shool, actividades extraescolares... inundan casas y campos. Como suele pasar con los destrozos producidos por la naturaleza, el que puede pagar, paga; y el que no puede, se jode.
Antes estaba claro que la “escuela” era gratuita y el “colegio” de pago, ahora no. Antes y ahora, con la misma lógica, se suele asociar “lo gratuito” a malo y “lo que se paga” a bueno. Cuando se estaba fraguando la LOGSE, los debates educativos profundizaban en el currículo oculto a fin de desenmascarar los intereses del capital por hacer del mundo de la educación el negocio más potente de la historia. Se temía que la educación dejase de ser un derecho para convertirse en una carrera de obstáculos amañada desde el principio. Una carrera en el que el pobre, el diferente, no puede pasar de los primeros metros. Hoy podemos decir que los temores se han hecho realidad. Los defensores de la meritocracia han montado, poco a poco, un chiringuito educativo para que la escuela deje de lado los valores morales que la sociedad le encomienda y que la gente considere normal el pago por aprender. El cambio climático educativo ya está aquí. La educación en energías limpias es imposible con métodos de combustibles fósiles que no están ajustados a la solidaridad, al respeto, a la tolerancia, a la equidad...
Curiosamente, todas las leyes educativas contemplan su gratuidad, como mínimo, en las etapas obligatorias. La LOE, la ley Wert y la Celaá dejan claro y diáfano que la enseñanza es gratuita. De la misma manera, el D.F. 33/2021 de 28 de abril, en su artículo 3, dice: “Gratuidad: los centros públicos o privados concertados no podrán percibir cantidades de las familias... Las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos.”
Por si fuera poco, y como las administraciones educativas habidas en este siglo (UPN, CDN, Aralar y PSN) saben que las leyes no se cumplen, dedican fondos para compensar las desigualdades económicas. Además, muchos ayuntamientos se suman a la causa compensatoria y pagan actividades o dan becas para familias vulnerables.
En esta carrera alocada por encarecer la educación se está llegando a penalizar al pobre con una especie de impuesto al sol. Hay colegios que, aun recibiendo dinero por alumnado en situación de vulnerabilidad, castigan a las criaturas sin ir de excursión o no dándoles los materiales exigidos, cuando sus padres, porque no tienen un duro, no han pagado. Hay que pagar, sí o sí. No se libra nadie.
El que puede, paga; el que no puede, se jode.
El autor es responsable de Educación de Elkarri Laguntza Apoyo Mutuo
