Los empleados de Banca jubilados de Pamplona, Tudela y la Ribera queremos aportar una reflexión que sirva de análisis para el debate y solución al problema planteado sobre las aportaciones que se realizaron a la Mutualidad Laboral de Banca y que en sus reclamaciones, por doble contribución, ante la Hacienda Foral Navarra han sido desestimadas.

En este planteamiento que presentamos se está debatiendo una responsabilidad social, que está dentro de sus obligaciones de gobernanza, ya que tendrán que asumir la responsabilidad tanto de sus acciones como de sus omisiones ante las propuestas que planteamos.

Porque es un deber político, ético y moral el discernir el bien del mal, de lo que es justo o injusto, ese deber se tiene que aplicar en política como normativa de aplicación y como un principio de ética y de justicia equitativa, ya que la teoría política y la moral son prácticas aplicables a la ciudadanía. Por lo que pedimos un compromiso de justicia.

Existen a nuestro entender tres apartados.

JURÍDICO-JUDICIAL

Reclamaciones en los años 2018 y 2019 de los ejercicios (2014, 2015, 2016, 2017 y 2018), fueron denegados y vueltos a reclamar en el 2023, denegados y en la actualidad, algunos de ellos recurridos ante el TEAN (Tribunal Económico Administrativo de Navarra).

Aprobación de la Ley Foral 29/2019, del 23-12-2019 con entrada en vigor el 1 de enero de 2020 (disposición transitoria segunda).

2023 Sentencia del Supremo ratificando que la mutualidad laboral de banca se extinguió el 31-12-1978. Por lo que se reconocen las demandas del colectivo de Banca.

El principal problema que tenemos en las reclamaciones es que la Ley 29/2019 blinda a la Hacienda Foral Navarra ante nuestras demandas. Siendo la única comunidad autónoma que actúa de esta manera. ¿Qué motivó la modificación y en la fecha que se hizo? ¿Qué motivos hay para justificar este cambio normativo? Si estaba bien la ley cuando se hicieron las primeras reclamaciones, ¿por qué se modificó?

Las decisiones que adoptaron en ese momento repercuten en nuestro colectivo, por una ley de aplicación en 2020 dejándonos marginados y discriminados del resto de mutualistas. Por eso pedimos una justicia equitativa.

ECONÓMICO

El impacto económico, si es que se ha estudiado, no puede ser de una cantidad tal, que no lo soporte la Hacienda Foral, y máxime cuando en la prensa se anuncia que se van a recaudar 276,5 millones más que en 2023 y 678,6 millones más de lo que se había presupuestado inicialmente para el ejercicio anterior.

Entendemos que la Hacienda Foral tomara medidas para blindarse, pero esta decisión de blindarse debiera ser ante el Estado, no contra nuestro colectivo. Con la firma del último Convenio Económico para cinco años, nos da la impresión de que no se tuvo en cuenta que una institución estatal, como es el Tribunal Supremo, modificara los presupuestos al dar la razón a los mutualistas y por lo tanto tener menos recaudación en el IRPF. Seguramente que existirán unos índices o partidas correctoras para subsanar este imprevisto y así defender los intereses de todos los navarros y tenerlo en cuenta para próximos Convenios.

ÉTICO POLÍTICO

Si nuestras reclamaciones suscitan un debate, éste no es solamente político-económico sino que también es un debate ético-moral y de conciencia.

El gobernar implica una responsabilidad que conlleva una práctica de una política ética, moral y social. Si aplicamos el imperativo kantiano del deber, éste llevado a una institución democrática como es el Parlamento, “ese deber se tiene que aplicar en política como normativa de aplicación como un principio de ética y de justicia equitativa”.

Nuestra percepción es contemplarlo todo dentro de un marco ético que compete tanto a la ciudadanía como a las instituciones siendo éstas las que debieran ser ejemplarizantes y modelo, donde los ciudadanos nos viéramos reflejados, ya que las leyes cristalizan los valores de una sociedad.

Para ello hay que tener voluntad política de impartir justicia, en este caso reconociendo que se modificó la ley, que nos discriminó, y buscar las vías de solucionar el problema que ahora tenemos.

Consideramos muy grave la modificación de la ley, y qué intencionalidad hubo. Tampoco entendemos a qué se debe esta modificación, cuando perjudica a un grupo de personas y más en este caso jubiladas.

Nuestras demandas son las siguientes:

1º Derogar la transitoria segunda, desde su promulgación para que se aplique el apartado 3º (del presente escrito), por injusta y discriminatoria del resto de los compañeros empleados de Banca del resto del Estado (jubilados).

2º Resolución a favor de los demandantes en aquellas reclamaciones que se encuentran en el Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra.

3º Igualmente se resuelvan favorablemente las revisiones correspondientes a los ejercicios de los años 2020, 2021 y 2022, que se van a solicitar, antes de que prescriban.

4º Que para el presente ejercicio del IRPF, y sucesivos, se habilite una herramienta en el programa de la Renta, que aplique el tanto por ciento que corresponda a cada contribuyente mutualista.

La solución que deseamos es la planteada en los cuatro puntos expuestos, ya que si la transitoria no hubiera existido no hubiera habido ningún obstáculo para ahora estar en las mismas condiciones que nuestros compañeros del resto de comunidades.

Estamos ante un problema que nosotros no hemos ocasionado y que deseamos con toda justicia se resuelva a nuestro favor. Porque no hay motivos políticos, ni ético, ni morales que avalen una resolución en contra. Cada grupo político y cada cual tiene su propio sistema de valores que dependiendo de los mismos tomarán una decisión, esperemos que estos valores sean virtudes y que nos lleven hacia un bien común.

Si realmente tenemos unos principios hay que tener voluntad política para desarrollarlos y llevarlos a la práctica, porque tanto las buenas palabras como las promesas se demuestran con hechos. Y somos conscientes que a la fecha se ha hecho un reconocimiento con la rectificación del ejercicio del IRPF de 2019.

Somos conscientes de que todos vamos a salir retratados, ante la sociedad tanto los grupos políticos, los sindicatos, los medios de comunicación y nosotros mismos, porque en el transcurso del debate podremos apreciar de una forma fehaciente, en la medida que se vayan plasmando las comunicaciones, los debates y las resoluciones, es ahí donde podremos apreciar quién está con quién y quién defiende a quién.

Por lo que solicitamos de los partidos políticos, que están trabajando en la comisión que atañe a nuestras reclamaciones, se posicionen sobre nuestra legítima demanda, ya que no observamos exista una razón de justicia y de gobernanza que permita que nuestro colectivo quede marginado y excluido. Es un principio de justicia equitativa, y que en nuestro caso no se da respecto al resto de empleados de Banca jubilados (resto del Estado), aun perteneciendo al mismo convenio colectivo.

Agradecer a los grupos que están trabajando en la comisión y que nos han trasladado su apoyo, entendemos que no se pueden hacer públicos los acuerdos que se vayan alcanzando hasta una aprobación de los mismos. Pero animarles a que puedan llegar a un consenso y que nuestra reflexión les ayude a debatir y encontrar una solución que nos satisfaga.