Vivienda y zonas inundables

La devastación provocada por la DANA en Valencia nos ha dejado imágenes desoladoras, no solo por las terribles consecuencias inmediatas, sino también por lo que nos anticipa de un futuro en el que todo indica que este tipo de fenómenos climáticos extremos serán cada vez más frecuentes y de mayor magnitud. Esto nos obliga a reflexionar sobre sus efectos y, con mayor urgencia si cabe, a organizar los medios concretos que garanticen nuestra protección y supervivencia.

Y es que en Valencia, ha llovido sobre mojado. Recientemente se publicaba que tres de cada diez viviendas afectadas fueron construidas en zonas inundables durante la burbuja inmobiliaria. De esta manera, la fiebre del ladrillo, la lógica del beneficio constructor e inmobiliario se antepuso, por enésima vez, a la posibilidad de una ordenación racional del espacio. Aun así, si esto fuera un problema exclusivamente valenciano, si fuera un hecho puntual y particular que no se replicara cada año en distintas zonas del planeta, podríamos decir que su raíz está en la forma de la gestión y no en la gestión en sí misma. Con sancionar a Sánchez, a Mazón o al político de turno bastaría: “¡Seguro que otro lo habría hecho mejor!”. Por desgracia, el tifón Yagi que ha azotado Vietnam este mismo año, las inundaciones del sur de Alemania en junio o las de 2021, que también afectaron a Bélgica dejando en total unos 230 muertos, el desastre natural de Polonia o, sin ir más lejos, las crecidas de los ríos Ultzama, Arga y Ebro de hace tres años, nos recuerdan que la colateralidad de los daños siempre recae en las espaldas de la clase trabajadora.

Parece que a algunos todo esto les da absolutamente igual. Así lo refleja el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) de Etxabakoitz, donde el 70% de las viviendas que se prevén construir estarían, según la Confederación Hidrográfica del Ebro, en zonas inundables. Etxabakoitz es un barrio ya gravemente afectado por el abandono institucional, sobre el que ahora se planea un pelotazo urbanístico de unas 12.000 viviendas, directamente ligado a la rentabilidad del proyecto del TAV. Esto incrementaría aún más la exposición de sus habitantes al riesgo de inundaciones, un fenómeno que ya padecen de manera recurrente, con los consiguientes daños materiales e incluso humanos. Podríamos calificar esto simplemente como irresponsabilidad, pero el problema de fondo es la lógica del beneficio económico, que ahora intentan camuflar bajo el mantra de la colaboración público-privada. El consenso general dicta que la solución pasa siempre por construir más viviendas, sean públicas o privadas, –aunque ello implique hacerlo, como en este caso, en zonas inundables– bajo el argumento de que “ya no quedan muchos más terrenos urbanizables en las ciudades”. Este enfoque se basa en la creencia de que el problema es de falta de oferta, no de acceso a la vivienda. Partiendo de esta premisa, el problema se resuelve a limpio gruazo: impulsando el negocio inmobiliario, sin cuestionarse si, en lugar de construir más, no sería más eficaz reutilizar las alrededor de las 7.000 viviendas vacías que hay en Iruñerria o las más de 30.000 a nivel de Nafarroa, según datos del INE. Confiarlo todo a la construcción masiva en ciudades también ahonda en la oposición entre campo y ciudad y el vaciado de las zonas rurales.

Urge romper con este esquema. Si el negocio de la vivienda es la causa fundamental del problema, la solución no puede pasar por fomentar dicho negocio. La rentabilidad económica debe dejar de ser una variable, pues ha generado, genera y seguirá generando situaciones como viviendas vacías, barrios deteriorados, expulsión de vecindarios y zonas inundables con daños materiales recurrentes. Hay recursos suficientes para garantizar una vivienda de calidad para todos, pero para ello es necesario cambiar la perspectiva: elegir entre la lógica del beneficio económico y la del bien común; entre las necesidades de la clase trabajadora y los intereses de unos pocos. Soplar y sorber, todo no puede ser. Nos vemos en la movilización del 28 de noviembre en Iruñea y en la manifestación del 14 de diciembre en Bilbo contra el negocio de la vivienda.

El autor es miembro del Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria