Monumento a los Caídos: no habrá justicia

La noche del 17 de marzo de 2005 un camión grúa aparcó junto a la estatua ecuestre del dictador Francisco Franco, en la zona de Nuevos Ministerios, en Madrid. Cuando el transporte llegó a la nave industrial del Gobierno donde se iba a depositar la estatua, los operarios se dieron cuenta de que la cabeza metálica del dictador daba en el marco de la puerta y no podía entrar. Muy nerviosos telefonearon a sus jefes que a su vez llamaron a un responsable del Ministerio de Fomento para plantearle el dilema: o utilizaban una radial para decapitar la escultura o la utilizaban para abrir un hueco en la parte superior del marco de la puerta que permitiera que entrase el camión con el vestigio franquista. La decisión política fue abrir un hueco para que el Franco de bronce conservara la cabeza sobre los hombros. Así se construyó una enorme metáfora que consistió en abrir un hueco a la dictadura para que pudiera aparcar en nuestra recuperada democracia.

El acuerdo al que han llegado en el Ayuntamiento de Pamplona, EH Bildu, PSN y Geroa Bai, mancomunado con sus homólogos en el Gobierno navarro, pretende mantener el Monumento a los Caídos con unos retoques resignificadores. La medida escenifica la falta de contundencia con las representaciones del fascismo que ha caracterizado a esta democracia posfranquista, edificada sobre la impunidad, la supuesta reconciliación entre algo irreconciliable, la democracia y el fascismo, y la nula reparación a las víctimas de la dictadura a las que se les ofrece una cosmética resignificación de un espacio que seguirá edificada sobre un suelo conquistado a base de sangre, fuego y humillación para quienes defendieron ejemplarmente la democracia frente a un golpe de Estado.

La coalición que Gobierna la ciudad de Pamplona pierde así la oportunidad de demoler el edificio como una declaración de principios democráticos y antifascistas, y dar esa reparación simbólica a las familias de las miles de personas asesinadas en Navarra por los golpistas, a los miles de torturados, a los niños que se convirtieron en trabajadores forzados al dejar sus escuelas para sacar adelante a sus familias rojas y a todas las personas que fueron humilladas, atemorizadas, vejadas y despojadas de sus derechos fundamentales por los purificadores de la patria fascista.

Demoler el Monumento de los Caídos de Navarra sería un enorme acto de justicia para devolverle a la ciudad ese horizonte al que miles de familias no pudieron mirar durante décadas porque tenían que agachar la cabeza como si fueran seres humanos inferiores. Demoler el Monumento sería representar la sentencia que nunca han tenido los asesinos, los pistoleros, los que robaron propiedades y negocios a punta de pistola, los que abusaron y violaron mujeres, los que disfrutaron de todo el poder para enchufar a sus familias y prosperar sobre los republicanos convertidos en siervos. Demoler el Monumento es lo mínimo que pueden hacer las autoridades democráticas por condenar esos crímenes, por rechazar a quienes los cometieron y los disfrutaron, por gritarle a la sociedad navarra que aquello fue terrible, que en la ciudad de Pamplona no va a quedar un centímetro de suelo conquistado por el fascismo porque conservar el edificio con unos retoques es una forma de preservar el suelo sobre el que el fascismo decidió edificar el canto a su victoria, la celebración del terror.

Tenemos que considerar insuficiente una democracia que resignificó la dictadura manteniendo intacto el poder judicial, policial, económico y académico. Tenemos que considerar insuficiente una democracia que sostiene la impunidad para los criminales franquistas y deja abandonadas a sus víctimas que jamás han visto sentarse en el banquillo para ser juzgado a uno solo de los responsables de esos crímenes. Tenemos que considerar insuficiente que esa antena que ha emitido terror durante años sobreviva a un acuerdo que pretende hacer marketing y presentar como una reparación lo que sólo es una claudicación. Inventar argumentos para evitar la retirada del Monumento es inventar excusas.

Los autores son nietos de desaparecidos por la represión franquista