En los últimos días se ha provocado mucho ruido mediático y político en torno a la renta garantizada. Un ruido que se ha intensificado a raíz del informe que ha presentado la Cámara de Comptos, pero que ya viene de lejos, desde el mismo momento en que se aprobó la Ley 15/2016 que la regula. Por ello, y por no alentar aún más ese ruido, desde EH Bildu queremos centrarnos en torno a consensos, evidencias y propuestas.
Empezaremos por el propio modelo. En los países socialmente más avanzados de nuestro entorno, hay consenso respecto a que la mejor política para afrontar la pobreza y la exclusión es una combinación entre dos estrategias. Por un lado, la garantía de ingresos económicos mínimos para las personas que acrediten su situación de necesidad. Por el otro, la garantía de oportunidades para la inclusión social integral. En nuestra Ley 15/2016, esa combinación es denominada doble derecho a la inclusión social y constituye el núcleo en el que se enmarca nuestro modelo de renta garantizada.
Muy relacionado con ese doble derecho, podríamos hablar de otras dos ideas de consenso. La primera se refiere a que las prestaciones económicas no bastan, aunque es imprescindible garantizarlas. La segunda afirma que el empleo no es suficiente, aunque es necesario abordarlo.
¿Y por qué es imprescindible garantizar unos ingresos económicos mínimos? Por varias razones, pero nos referiremos a una evidencia que recoge el propio informe de Comptos. Casi 4 de cada 10 personas beneficiarias de la renta garantizada son niños, niñas y adolescentes. Y recordemos, según la legislación, debemos garantizar el interés superior del menor.
¿Y por qué no basta el empleo? Pues también hay varias razones, pero desde EH Bildu queremos destacar dos evidencias. En primer lugar, que tal y como afirma Comptos, aproximadamente 6 de cada 10 personas beneficiarias de la renta garantizada no están en situación de empleabilidad, por edad, salud o estatus legal. En segundo lugar, que gran parte de las personas que sí están en situación de empleabilidad acumulan importantes e intensas debilidades en múltiples ámbitos. Por lo tanto, además de oportunidades laborales, precisan intensa orientación, acompañamiento social prolongado en el tiempo y robustos apoyos en otros ámbitos de la inclusión. Actualmente la principal necesidad de apoyo es la vivienda. Mientras que la vivienda siga siendo considerada un negocio y no un derecho, ni el empleo, ni la renta garantizada serán suficientes para avanzar significativamente en la reducción de la pobreza.
Pasamos a una pregunta central, ya que gran parte del ruido está siendo focalizado ahí: ¿hay descontrol en la gestión de la renta garantizada? Pues en esto no hay consenso, pero sí evidencia ofrecida por el informe de Comptos. Dice que el sistema de gestión de la renta garantizada está siendo capaz de detectar, cuando los hay (como los hay en cualquier tipo de política), incumplimientos de los requisitos de concesión por parte de las personas perceptoras. También afirma que, cuando los detecta, actúa, incluso retirando la prestación. Asimismo, recoge que la fiscalización conlleva, en algunos casos, hasta la intervención de la Policía Foral. Y confirma que, cuando el sistema de gestión detecta pagos indebidos, pone en marcha procedimientos efectivos para recuperar el importe.
Otra de las cuestiones que forma parte del ruido es la siguiente: ¿la renta garantizada instala a las personas perceptoras en la inactividad y desincentiva su inclusión? Aquí aportaremos dos evidencias. La primera procede de un estudio realizado por la Fundación FOESSA de Cáritas en el año 2022. En él se concluye que las personas perceptoras de rentas mínimas presentan altos niveles de activación hacia la inclusión (incluso superiores a la media). Pero es que el informe de Comptos también lo confirma. Por ejemplo: el 93% de las personas perceptoras acude a actividades de orientación sociolaboral; 8 de cada 10, a las ofertas de empleo que reciben; la práctica totalidad (de entre los que llevan más de 24 meses) reciben orientación, formación o propuestas de empleo, y entre el 26 y el 30% consigue un empleo.
Desde la interpretación que las derechas hacen del informe de Comptos, se trata de deslegitimar la renta garantizada y se reclama un cambio de modelo. Sin embargo, y tal y como hemos ido argumentando, las evidencias nos indican que no es necesario introducir reformas de gran calado, ni mucho menos modificar el modelo.
De hecho, las recomendaciones que ofrece el informe de Comptos no se orientan en ese sentido. Gran parte de ellas se refieren a modificaciones en el programa informático o en los sistemas de información para la mejora de la gestión. Cambios que desde luego apoyamos. Otras aluden a mejoras en las oportunidades para la inclusión laboral. Por supuesto que también estamos dispuestos a apoyarlas.
Por lo tanto, desde EH Bildu consideramos que la renta garantizada, como cualquier política, es susceptible de mejora. De hecho, durante esta legislatura hemos hecho varias propuestas al respecto, como la reducción de la burocracia para que los y las profesionales puedan dedicar más tiempo al acompañamiento social, la mejora de la coordinación entre los servicios sociales y de empleo, o especialmente la aprobación de un nuevo plan que ordene y fortalezca todas las estrategias de inclusión social integral.
El autor es parlamentario en el Parlamento de Navarra por EH Bildu Nafarroa